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Brasilia.– La Policía Federal de Brasil presentó este martes un informe en el que acusa al ex presidente Jair Bolsonaro (2019–2022) y a más de 30 ex funcionarios de su gobierno de haber utilizado ilegalmente la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) para realizar actividades de espionaje contra figuras públicas. La investigación, conocida como “Abin paralela”, fue remitida a la Corte Suprema, que ahora deberá decidir si envía el caso al Ministerio Público para una posible denuncia formal o solicita diligencias adicionales.
Según reportes de la agencia EFE y medios locales, el informe sostiene que se conformó una organización criminal integrada por policías y funcionarios de inteligencia, dedicada al monitoreo clandestino de periodistas, magistrados y políticos opositores, mediante la invasión de teléfonos móviles y computadoras.
El informe apunta directamente a Jair Bolsonaro como conocedor y beneficiario del esquema de espionaje. También figura entre los acusados su hijo Carlos Bolsonaro, concejal en Río de Janeiro, quien supuestamente manejaba y utilizaba la información obtenida para atacar públicamente a las personas espiadas.
Otro de los señalados es Luiz Fernando Corrêa, actual director de la Abin, quien deberá responder ante las autoridades por su rol en la estructura ilegal. En total, más de 30 personas estarían implicadas en la operación.
La investigación también reveló que la Abin fue utilizada para acceder ilegalmente a sistemas del Gobierno de Paraguay, incluyendo datos sensibles vinculados a la central hidroeléctrica binacional Itaipú. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva reconoció la existencia de esta operación, pero afirmó que fue desactivada tan pronto como la nueva dirección de la Abin tuvo conocimiento de los hechos, en marzo de 2023.
Además de este caso, Bolsonaro enfrenta un juicio en la Corte Suprema por su presunto liderazgo en una trama para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante Lula. La Fiscalía lo acusa de conspirar para instaurar medidas de excepción, incluido un estado de sitio, con el fin de anular el resultado electoral e impedir la investidura del actual presidente.
Por los cargos que se le imputan en ambos procesos, el ex mandatario y su círculo cercano podrían enfrentar penas de entre 12 y 40 años de prisión, lo que marca un momento crítico para su futuro político y judicial.
