|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Denuncian “La Gran Confiscación” que afecta pueblos enteros, fincas y propiedades turísticas
Managua. — La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó de forma exprés la nueva Ley de Territorios Fronterizos, que declara propiedad del Estado toda franja de tierra ubicada a menos de 15 kilómetros de las fronteras con Costa Rica y Honduras. La medida, que impacta aproximadamente 18,000 km², ha sido calificada por opositores como una confiscación sin precedentes en la historia del país.
Impacto: pueblos, iglesias y fincas bajo control estatal
El excarcelado político y desterrado Juan Sebastián Chamorro advirtió que la ley afecta pueblos completos, casas, iglesias, playas, propiedades turísticas, granjas camaroneras, fincas y plantaciones agrícolas en el norte y sur del territorio. Entre las zonas impactadas se encuentran San Carlos, El Castillo, Sapoa, San Juan de Nicaragua, Cárdenas, Somotillo, Guasaule, Waspam, Dipilto y Jalapa.
«Nadie va a comprar una propiedad que ya no es del dueño, que ha sido confiscada por decreto. Esto es una confiscación sin precedentes», alertó Chamorro.
Señalan motivaciones políticas y “paranoia militarista”
Chamorro vinculó la medida con una estrategia militarista impulsada por Rosario Murillo, recordando que en 2010 existió una ley similar, pero con limitaciones y excepciones.
«Ahora no hay excepciones: ni nacionales ni extranjeros. Todo pasa al Estado», dijo, agregando que esto generará inseguridad jurídica y un “desmadre” en el mercado de bienes raíces.
Opositores denuncian la “Gran Confiscación”
La exguerrillera sandinista y opositora Dora María Téllez afirmó que cualquier persona que viva a menos de 15 km de la frontera pierde automáticamente su propiedad.
«Todas las casas y tierras de esos lugares han sido confiscadas. ¿Quiénes serán los beneficiados?», cuestionó.
Téllez precisó que las zonas afectadas incluyen Waspam, el río Coco, tierras indígenas, comunidades de la reserva Indio Maíz, Jalapa, Somoto, Dipilto, San Fernando, Ostional, Sapoá, San Carlos, Sábalos y San Juan de Nicaragua.
27 municipios afectados
La Unidad Nacional Azul y Blanco emitió un comunicado en el que denunció que la ley afecta 27 municipios y miles de viviendas e inversiones privadas, considerándola otra muestra de la inseguridad jurídica que prevalece en el país.
«Solo en democracia habrá plena seguridad jurídica para todos», afirmó la organización.
