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SANTO DOMINGO, R.D. – Este miércoles, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitirá su veredicto en el caso de corrupción administrativa Operación Antipulpo, que involucra a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, y a más de una docena de coimputados.
Ministerio Público pide 20 años y millonarias multas
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) solicitó 20 años de prisión para Medina Sánchez, acusado de encabezar un entramado societario que habría operado con contratos simulados, tráfico de influencias y testaferros, desviando miles de millones de pesos del Estado.
Además, pide una multa de 400 salarios mínimos y la inhabilitación por 10 años para contratar con el Estado o ejercer cargos públicos.
Condenas para otros implicados
La PEPCA también solicitó:
- 15 años de prisión para José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda.
- 10 años para Fernando Aquilino Rosa Rosa (expresidente de Fonper), Carmen Magalys Medina Sánchez (exvicepresidenta administrativa de Fonper), Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel (Jhonny Brea) y Lina Ercilia de la Cruz Vargas.
- 10 años para otros ocho imputados, incluyendo a Libni Arodi Valenzuela Matos y Paola Mercedes Molina Suazo.
- 5 años para Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez (exministro de Salud Pública) y Rafael Antonio Germosén Andújar.
- 3 años para Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, exfiscalizador de la OISOE.
Bienes incautados y degradación cívica
El Ministerio Público solicitó el decomiso de bienes y la degradación cívica de todos los acusados. Las penas, de imponerse, serían cumplidas en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, en San Cristóbal.
En el caso de Víctor Matías Encarnación Montero, quien firmó un acuerdo con la Fiscalía, se solicita 5 años de prisión suspendida, pago de 500 salarios mínimos y decomiso de bienes valorados en RD$15 millones.
Un proceso judicial histórico
Tras más de cinco años de juicio, el expediente será decidido por las juezas Claribel Nivar Arias (presidenta), Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo. La sentencia marcará un momento clave en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana.
