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Por Ing.. Marco Tezanos
En la República Dominicana el sector eléctrico sigue siendo el dolor de cabeza de los gobiernos dominicanos, en el cual la falta de voluntad política, financiera y técnica lleva a preocupación de la ciudadanía, ante la grave crisis energética que estamos viviendo incesantemente por años y que llama al desasosiego en la actualidad.
Si pasamos revista a los recientes indicadores del sector eléctrico estos nos reflejan que estamos envuelto ante un riesgo financiero y de gestión que se ha convertido en una amenaza, de la cual no podemos quedarnos con los brazos cruzados.
Si tomamos una muestra de los últimos tres años, con relación al déficit de las transferencias al sector eléctrico en República Dominicana, vemos que en el 2022 fueron de alrededor de US$1,596MM, 2023, US$1,484MM, en el 2024 US$1,769MM, y este año 2025, si la proyección se mantiene como va, podría superar la cifra de los US$1,950MM, para un total en este periodo de solo tres años de US$6,809MM. Por consiguiente, las transferencias del gobierno al sector eléctrico aumentaron sustancialmente, con el agravante de que los indicadores de gestión como las pérdidas de las tres EDEs promedian el 41 %, el índice de cobranzas y el índice de recuperación de ingresos CRI promedian 95.9% y 59.7% respectivamente comparados con el mismo periodo del año anterior.
Como se puede apreciar, el sector eléctrico no solo impacta la vida cotidiana, también constituye una carga insostenible para las finanzas públicas, reduciendo la capacidad para invertir en áreas fundamentales como la educación, la salud e infraestructura. Por otra parte, se nos vendió la firma del pacto eléctrico, como la panacea del sector, y los resultados son cuestionables, de igual manera la misma ejecución del propio programa de gobierno del sector energético para este periodo vigente.
Sabemos conscientemente que en el ámbito de la distribución radica la mayor ineficiencia del sector y es lo que debemos de ir corrigiendo y resolviendo de manera apropiada y sin descanso. Por otro lado, se ha intentado transmitir la idea de que no existen dificultades en la etapa de generación eléctrica. Sin embargo, no se está considerando que los costos de generación y abastecimiento son un factor clave en el precio al que las distribuidoras compran la energía, lo cual contribuye significativamente al déficit financiero que actualmente enfrentan.
La situación sigue siendo delicada y dependiente del equilibrio entre oferta y demanda, y de la entrada oportuna de la capacidad de generación esperada a precios competitivos. Ante el reciente aumento de las compras por excepción en los procesos de adquisiciones y contrataciones realizadas de forma autónoma, es importante considerar que estas suelen implicar un incremento significativo en el uso de recursos. Si esta práctica se mantiene a lo largo de un año en un contexto de emergencia, podría traducirse en cientos de millones de dólares adicionales, agravando el déficit financiero existente.
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Frente a la situación actual, el sector eléctrico se encuentra en una condición crítica, tanto desde el punto de vista financiero como técnico, requiriendo atención urgente. No es posible seguir postergando la toma de decisiones acertadas y responsables para enfrentar esta crisis
¿Por lo tanto que ha pasado?
Es probable que el sector eléctrico haya sido víctima del descuido, la indiferencia, el abandono y la improvisación, factores que han dejado profundas huellas negativas en la planificación, la gestión, la inversión y la regulación del sistema. Esta situación ha obstaculizado seriamente el avance del país en materia energética.
¿Entonces que hacer?
Por años el sector eléctrico ha sido estudiado y analizado por organismo e instituciones competentes las cuales nos ha dicho que debemos de hacer y en que centrar nuestras actuaciones, para lograr los objetivos a mediano y largo plazo.
Este no es momento para lamentos, sino para actuar con decisión, utilizando los recursos disponibles y el capital humano profesional y capacitado con el que contamos, para enfrentar los desafíos generados por el derroche y la pérdida de recursos. No hacerlo implicaría comprometer el bienestar y la calidad de vida de nuestra población.
