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El Ministerio Público de la República Dominicana informó que la investigación por el desfalco de miles de millones de pesos en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) fue formalmente denominada Operación Cobra, un proceso penal de alto impacto que marca una de las mayores intervenciones contra la corrupción administrativa en el sector salud.
Según comunicó la institución, el objetivo central de la operación es establecer responsabilidades penales, recuperar los fondos sustraídos al patrimonio público y activar los mecanismos de decomiso previstos en el Código Penal, la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y la Ley 314-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
Doce allanamientos simultáneos y ocho arrestos
En la fase operativa, veinticinco fiscales, acompañados por más de doscientos agentes de la Policía Nacional, ejecutaron doce allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo y otras demarcaciones.
Los operativos culminaron con la detención del exdirector del SeNaSa:
- Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa
Así como otras siete personas vinculadas al presunto esquema de corrupción:
- Gustavo Enrique Messina Cruz
- Germán Rafael Robles Quiñones
- Francisco Iván Minaya Pérez
- Eduardo Read Estrella
- Cinty Acosta Sención
- Ramón Alan Speakler Mateo
- Ada Ledesma Ubiera
El Ministerio Público confirmó que otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación y podrían ser sometidas en las próximas semanas, conforme avance la etapa de análisis financiero y pericial.
Los delitos imputados y su base jurídica
De acuerdo con el expediente preliminar, a los implicados se les atribuyen violaciones a varias disposiciones del Código Penal Dominicano y leyes especiales, entre ellas:
- Coalición de funcionarios (Art. 123)
- Prevaricación y desfalco (Arts. 166, 167 y 174)
- Asociación de malhechores (Art. 265 y 266)
- Cobro de soborno (Art. 145)
- Estafa contra el Estado
- Falsificación y uso de documentos falsos
- Lavado de activos, conforme a la Ley 155-17
El Ministerio Público asegura que posee evidencias documentales, transacciones financieras irregulares, peritajes e interceptaciones autorizadas judicialmente, que demostrarían un esquema de corrupción “sistemático, sostenido y articulado” desde la Dirección Ejecutiva del SeNaSa, en presunta coalición con funcionarios y prestadores de servicios de salud.
Estructura del supuesto esquema de corrupción
La Procuraduría sostiene que el grupo habría ejecutado:
- Sobornos a gran escala para manipular procesos internos
- Adulteración de estados financieros y reportes contables
- Creación de programas especiales sin sustento jurídico
- Contrato y pagos a proveedores sin requisitos legales
- Desvío de fondos públicos mediante empresas vinculadas
Estos hallazgos, según la Pepca, evidencian mecanismos para ocultar, transformar y reintroducir dinero público, configurando así presuntos delitos precedentes de lavado de activos.
Yeni Berenice: “Operación Cobra llegará hasta las últimas consecuencias”
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que el propósito de la judicialización es garantizar que los imputados enfrenten sanciones penales y que los recursos desviados regresen al Estado dominicano.
Además, subrayó que el SeNaSa constituye un bien colectivo protegido por la Constitución, al incidir directamente en el derecho fundamental a la salud, especialmente de la población más vulnerable.
“Quienes han atentado contra la salud de la población, afectando de manera directa a los más necesitados, deberán responder por sus hechos criminales”, expresó la magistrada.
Reynoso reiteró que cada peso sustraído será reclamado, en cumplimiento del principio de reparación integral y de responsabilidad patrimonial del funcionario.
Dirección jurídica del operativo
La Operación Cobra se desarrolla bajo la dirección de:
- Wilson Camacho, procurador adjunto y titular de la Dirección General de Persecución
- Mirna Ortiz, procuradora de corte y coordinadora de Litigación de la Pepca
Ambos encabezan un equipo de fiscales especialistas en criminalidad organizada, corrupción administrativa, análisis financiero, auditoría forense y persecución patrimonial, quienes trabajan en la preparación de las solicitudes de medidas de coerción.
Próximas etapas del proceso
Concluida la etapa de arrestos y allanamientos, se espera:
- Depósito de solicitud de medida de coerción
- Presentación del acto conclusivo (acusación formal)
- Audiencia preliminar
- Solicitud de apertura a juicio
- Juicio de fondo y decomiso civil
La Pepca adelantó que incluirá persecución patrimonial ampliada, mecanismo que permite identificar bienes a nombre de terceros.
