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Santo Domingo.– La audiencia de conocimiento de medidas de coerción contra los imputados en el caso de presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) continuó este viernes en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, marcada por la solicitud de arresto domiciliario a favor del exdirector de la entidad, Santiago Hazim, alegando serias complicaciones de salud.
Durante la jornada, la defensa del exfuncionario expuso ante el tribunal que Hazim presenta una condición médica delicada que, según afirmaron, podría agravarse de manera significativa si se le impone prisión preventiva. Los abogados señalaron que existe riesgo de consecuencias irreversibles, incluyendo muerte súbita o severas limitaciones físicas, razón por la cual solicitaron una medida menos gravosa.
Ministerio Público varía solicitud para algunos imputados
En el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público informó que varió su pedimento de prisión preventiva por arresto domiciliario respecto a algunos imputados del proceso, específicamente Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, tras evaluar elementos particulares de cada caso.
Sin embargo, el órgano acusador mantuvo su solicitud de 18 meses de prisión preventiva para los demás implicados, al considerar que persisten riesgos procesales, como la posible obstrucción de la investigación y la gravedad de los hechos imputados.
Proceso en etapa de réplica y contrarréplica
Luego de concluir la réplica del Ministerio Público, el tribunal dio paso a las exposiciones de los abogados defensores. Una vez finalizada esta etapa, se procederá a la contrarréplica, antes de que el juez entre en deliberación para decidir sobre las medidas de coerción solicitadas.
El caso forma parte de un amplio expediente por presuntos actos de corrupción administrativa, fraude y lavado de activos, considerados de alto impacto para el sistema de salud pública del país.
Las autoridades y las partes involucradas permanecen a la espera de la decisión judicial, mientras se prevé que el proceso continúe generando atención pública por la magnitud de las acusaciones y los montos presuntamente comprometidos.
