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Condenan a 16 militares por desaparición forzada de cuatro menores en Guayaquil

Condenan a 16 militares por desaparición forzada de cuatro menores en Guayaquil
  • Publisheddiciembre 22, 2025
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Guayaquil, Ecuador. – El Tribunal Penal de Guayaquil dictó este 22 de diciembre de 2025 sentencia condenatoria en el denominado caso Las Malvinas, declarando culpables a 16 militares por la desaparición forzada de cuatro menores de edad ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en el sur de la ciudad.

La decisión, con el juez Jovanny Suárez como ponente, acogió las penas solicitadas por la Fiscalía y estableció condenas de hasta 34 años y ocho meses de prisión, además de un amplio conjunto de medidas de reparación integral, satisfacción y garantías de no repetición.

Según el fallo, quedó plenamente probado que los adolescentes Ismael y Josué Arroyo, Steven Gerald Medina y Nehemías Arboleda fueron interceptados durante un operativo militar y privados ilegítimamente de su libertad, configurándose un delito de desaparición forzada cometido por agentes del Estado, uno de los crímenes más graves contemplados en la legislación ecuatoriana.

Once de los procesados recibieron la pena máxima de 34 años y ocho meses de prisión, al determinarse su participación directa en los hechos. En tanto, otros cinco militares fueron condenados a 30 meses de prisión tras ser reconocidos como cooperadores eficaces, debido a la información relevante que aportaron para el esclarecimiento del caso. El Tribunal, además, ratificó la inocencia del teniente coronel Juan Francisco Iglesias, al no encontrarse pruebas que acreditaran su responsabilidad penal.

El fiscal Christian Fárez valoró la sentencia como un acto de justicia para las víctimas y sus familias, destacando que el fallo reconoce la gravedad de los hechos y la responsabilidad penal de los autores directos.

Como parte de la reparación integral, el Tribunal ordenó disculpas públicas de alcance nacional, una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura, la colocación de una placa con los nombres de las víctimas y la implementación obligatoria de programas de capacitación en derechos humanos para el personal militar. Asimismo, dispuso medidas de rectificación pública para desmentir versiones que estigmatizaron a los menores, reafirmando su condición de víctimas inocentes de un crimen de Estado.

Con esta sentencia, se da por concluida la fase de juzgamiento en primera instancia del caso Las Malvinas, quedando abiertas las vías legales para la interposición de recursos. El fallo marca un precedente judicial en Ecuador sobre la sanción de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales en el marco de operaciones de seguridad.

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