Santo Domingo.– Bajo el argumento de que la mayoría de los delitos imputados han prescrito y de que la Unidad Antifraude que sustentó la acusación no existía legalmente al momento de los hechos, la defensa técnica del exministro de Hacienda Donald Guerrero solicitó a la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que lo exonere de ir a juicio de fondo.
El abogado Eduardo Núñez, quien encabeza la defensa, afirmó que de los 12 o 13 tipos penales atribuidos por el Ministerio Público, al menos ocho llegaron prescritos al tribunal, debido a que Guerrero cesó en el cargo el 16 de agosto de 2016, mientras que la acusación formal fue presentada en abril de 2025. Entre los delitos señalados figuran coalición de funcionarios, desfalco, estafa, lavado de activos, soborno, extorsión, usurpación de funciones y falsedad de documentos públicos.
La defensa sostuvo que no procede el cargo de lavado de activos, al alegar que los fondos supuestamente manejados eran recursos estatales, lo que —según explicó— elimina la existencia de una actividad ilícita precedente, requisito indispensable para esa tipificación penal.
Cuestionan legalidad de la Unidad Antifraude
Otro de los puntos centrales del planteamiento defensivo es la supuesta inexistencia legal de la Unidad Antifraude que elaboró los informes utilizados como prueba. Núñez advirtió que crear por decreto un órgano investigador con facultades probatorias equivale a instaurar “un pequeño Ministerio Público o tribunal sin el respaldo legal necesario para afectar derechos fundamentales”.
Corresponde ahora a la jueza Ramírez valorar la legalidad y suficiencia de las pruebas presentadas en el proceso vinculado a la Operación Calamar, y determinar si estas tienen mérito para enviar a los imputados a juicio de fondo.
