Washington, Estados Unidos. — La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes los amplios aranceles globales impulsados por el presidente Donald Trump, en una decisión que representa un revés significativo para uno de los pilares de su agenda económica y comercial.
El fallo, aprobado con seis votos a favor y tres en contra, se centró en los aranceles impuestos bajo una ley de poderes de emergencia, incluyendo los denominados aranceles “recíprocos” que habían sido aplicados a casi todos los países. La mayoría del alto tribunal concluyó que la Constitución otorga de forma clara al Congreso la facultad de imponer impuestos y aranceles, limitando así el alcance del Poder Ejecutivo en esta materia.
El presidente del tribunal, John Roberts, sostuvo en la opinión mayoritaria que los redactores de la Constitución no delegaron el poder tributario al Ejecutivo, reafirmando el rol del Congreso en la política fiscal y comercial. Por su parte, el juez Brett Kavanaugh, en su voto disidente, señaló que los aranceles podrían ser debatibles como política pública, pero consideró que su aplicación bajo la ley invocada podía interpretarse como legal.
La decisión se produce en un contexto en el que la administración de Trump defendió que una ley de 1977 sobre poderes de emergencia permitía regular las importaciones en situaciones extraordinarias, argumento que fue cuestionado por diversos demandantes, entre ellos estados, pequeñas empresas y organizaciones proempresariales y libertarias.
Los aranceles habían sido implementados en abril de 2025 con el objetivo declarado de enfrentar déficits comerciales y otras emergencias nacionales, tras medidas previas dirigidas a países como Canadá, China y México. Sin embargo, múltiples demandas alegaron que la legislación utilizada no menciona explícitamente la imposición de aranceles y que su aplicación excedía los límites legales establecidos.
Aunque el fallo no impide que el Ejecutivo imponga aranceles bajo otras leyes con mayores restricciones, la sentencia marca el primer pronunciamiento directo del máximo tribunal sobre un componente central de la agenda económica del mandatario, quien había calificado el caso como uno de los más relevantes en la historia reciente del país.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto económico de estas medidas podría alcanzar cerca de tres billones de dólares en la próxima década. Asimismo, el Departamento del Tesoro había recaudado más de 133 mil millones de dólares en impuestos a las importaciones vinculados a estos aranceles, lo que ha motivado a diversas empresas, incluyendo grandes cadenas comerciales, a iniciar procesos legales en busca de reembolsos.
El fallo se produce en medio de un debate político y económico más amplio sobre la legalidad, eficacia y popularidad de las políticas arancelarias, en un contexto de preocupación pública por el costo de vida y la estabilidad del comercio internacional.