Santo Domingo. – El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dejó en estado de fallo el juicio seguido contra militares, policías y civiles implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa desmantelado mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
El tribunal, integrado por las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yune y Jissel Naranjo, fijó la lectura del veredicto para el próximo 15 de junio a las 3:00 de la tarde.
Durante la audiencia, la jueza presidenta Méndez indicó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, garantizando el cumplimiento del debido proceso. Asimismo, explicó que, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal, el plazo de deliberación es de hasta 40 días, dado que el juicio se extendió por más de 30 días desde su inicio el 27 de junio de 2024.
El Ministerio Público de la República Dominicana, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, solicitó condenas de entre cinco y 20 años de prisión, así como el decomiso de bienes millonarios presuntamente obtenidos de manera ilícita.
Estas solicitudes fueron respaldadas por el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, que actúa como parte civil en representación del Estado, reclamando además compensación económica por los daños causados.
En contraste, la defensa de los acusados solicitó la absolución total, argumentando que las pruebas presentadas no son suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia.
El caso involucra una presunta red que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales imputados figuran Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, así como otros militares, civiles y vinculados al entramado.
El proceso judicial se mantiene como uno de los casos de mayor relevancia en materia de corrupción administrativa en la historia reciente del país, a la espera de un fallo que marcará un precedente en la lucha contra la impunidad.
