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SANTO DOMINGO.– El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó como una importante victoria en la lucha contra la corrupción administrativa la decisión judicial que envió a juicio de fondo a 35 de los 40 imputados en el expediente de presunta corrupción conocido como caso Calamar.
Tras conocerse la decisión emitida por la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Camacho aseguró que el Ministerio Público valora positivamente que la mayoría de los acusados deberá enfrentar un juicio donde se debatirán las pruebas presentadas por el órgano acusador.
“Esta es una decisión que fortalece la lucha contra la impunidad y representa un paso importante para que la sociedad dominicana conozca en un juicio público los hechos que el Ministerio Público ha investigado durante años”, expresó.
No obstante, el titular de la Dirección General de Persecución manifestó su desacuerdo con el auto de no ha lugar otorgado a favor del excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, así como del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y otros tres imputados beneficiados por la decisión judicial.
Camacho afirmó que el Ministerio Público recurrirá la sentencia mediante un recurso de apelación, al considerar que la magistrada realizó una valoración incorrecta de varias de las evidencias aportadas durante la fase preliminar del proceso.
“Respetamos la decisión del tribunal, pero entendemos que existe una errónea apreciación de elementos probatorios que fueron incorporados al expediente. Por esa razón ejerceremos los recursos que la ley pone a nuestra disposición”, sostuvo.
El funcionario reiteró que el Ministerio Público mantiene plena confianza en la solidez de la investigación desarrollada en el caso Calamar y aseguró que continuará defendiendo las pruebas recolectadas durante las pesquisas.
Según la acusación, la supuesta estructura habría movilizado miles de millones de pesos mediante mecanismos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos y otras operaciones que presuntamente afectaron los recursos del Estado dominicano.
La decisión judicial marca una nueva etapa en uno de los procesos de corrupción más relevantes de los últimos años en República Dominicana, ya que los imputados enviados a juicio deberán responder ante un tribunal de fondo, donde se determinará si son culpables o inocentes de los hechos que les atribuye el Ministerio Público.
Mientras tanto, la defensa de los acusados favorecidos con el no ha lugar ha valorado la decisión como una demostración de que las pruebas presentadas en su contra no fueron suficientes para sostener una acusación formal.
Con la anunciada apelación del Ministerio Público, el expediente continuará generando atención nacional, dado el impacto político, judicial e institucional que ha tenido el caso desde que fue presentado ante los tribunales dominicanos.
