MINERD remite al Ministerio de Hacienda expedientes vinculados a la Ley 16-26 sobre reclamaciones de contratistas
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Santo Domingo. – El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) informó que concluyó las actuaciones administrativas que le corresponden en relación con los casos contemplados en la Ley núm. 16-26 y formalizó la remisión de los expedientes al Ministerio de Hacienda y Economía para la continuación del procedimiento establecido por dicha normativa.
La Ley núm. 16-26, promulgada el pasado 1 de mayo, autoriza el pago a contratistas del Estado y dispone la creación de una comisión especial encargada de revisar, evaluar y validar reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Mediante una comunicación oficial firmada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, la institución notificó al Ministerio de Hacienda y Economía sobre la culminación de los procesos bajo su responsabilidad y la transferencia formal de los casos para su conocimiento y seguimiento.
El MINERD recordó que la referida legislación establece un procedimiento especial para el análisis de las reclamaciones presentadas por contratistas, competencia que corresponde a la comisión creada por la ley y presidida por el Ministerio de Hacienda y Economía.
La entidad explicó que, una vez agotadas las actuaciones administrativas que le competen, corresponde ahora a las instancias establecidas en la normativa continuar con las etapas de revisión, validación y decisión de los expedientes sometidos.
Asimismo, destacó que todas las actuaciones realizadas se llevaron a cabo conforme a las disposiciones legales vigentes y en apego a los principios de transparencia y debido proceso.
El Ministerio de Educación reiteró su disposición de colaborar con las autoridades competentes en cualquier requerimiento adicional que resulte necesario para la correcta aplicación de la Ley núm. 16-26.
Con esta remisión, la institución asegura haber cumplido con las responsabilidades que le fueron atribuidas por la legislación y deja en manos de los órganos competentes la evaluación y decisión final sobre las reclamaciones presentadas por los contratistas beneficiados por la normativa.
