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Santiago, R.D.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago declaró como caso complejo el proceso correspondiente a la Operación Onco14 y dictó medidas de coerción contra tres personas señaladas por el Ministerio Público de integrar una presunta estructura dedicada al desvío de recursos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para obtener beneficios económicos ilícitos.
La jueza Stefani Santiago impuso 18 meses de prisión preventiva a Héctor Antonio Lora Cruceta, presidente y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), y a Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida y actual esposa de Lora Cruceta.
Ambos deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey, en Santiago.
En tanto, la magistrada ordenó arresto domiciliario para Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, luego de acoger la variación del pedimento presentada por el Ministerio Público durante la audiencia.
Tribunal considera graves las imputaciones
Al motivar su decisión, la jueza valoró la gravedad de los hechos investigados, la cantidad de evidencias presentadas por la Procuraduría y el presunto daño ocasionado a una institución dedicada a brindar atención médica a pacientes con cáncer, muchos de ellos de escasos recursos económicos.
Los imputados son investigados por presunta violación de las disposiciones legales relativas a asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, lavado de activos y delitos tecnológicos, en un esquema que habría involucrado recursos públicos y privados destinados a tratamientos oncológicos.
Ministerio Público presentó 155 pruebas
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó que sustentó su solicitud de medidas de coerción con 155 elementos probatorios, entre los que figuran testimonios, informes periciales, documentos financieros, evidencias materiales y diversas actuaciones procesales.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que el tribunal acogió en esencia la solicitud presentada por el órgano acusador.
Según explicó, las pruebas aportadas permitieron establecer, en esta etapa inicial del proceso, la presunta vinculación de los imputados con los hechos investigados.
Ortiz precisó además que la modificación de la medida solicitada para Vargas Sánchez respondió exclusivamente a una evaluación jurídica realizada por el Ministerio Público y aclaró que no existe ningún acuerdo de colaboración con los imputados.
Investigación continúa abierta
La procuradora informó que las investigaciones relacionadas con la Operación Onco14 continúan en desarrollo y no descartó que el expediente pueda ampliarse con nuevas personas investigadas conforme avancen las diligencias.
Acusan desvío de fondos destinados a pacientes con cáncer
De acuerdo con la investigación, la supuesta estructura habría implementado diversos mecanismos para desviar recursos económicos destinados a la atención de pacientes oncológicos de escasos recursos.
Entre las presuntas irregularidades figuran anomalías en la facturación de servicios médicos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), así como la emisión de facturas fraudulentas, alteración de indicaciones médicas, uso indebido de sellos y documentos pertenecientes a especialistas, comercialización de medicamentos donados y doble facturación de tratamientos.
El expediente también sostiene que se realizaron cobros por procedimientos que, según el Ministerio Público, no correspondían a los tratamientos realmente suministrados a los pacientes.
Señalan uso indebido de instalaciones y recursos
Las autoridades investigan además el presunto uso de habitaciones destinadas a pacientes con cáncer para fines distintos a los establecidos por la institución.
Asimismo, sostienen que una fundación vinculada a los imputados habría sido utilizada para realizar operaciones comerciales aprovechando las exenciones fiscales concedidas al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.
El expediente también atribuye a los investigados la supuesta eliminación de registros digitales, intentos de sustraer documentación institucional y el uso de recursos de la entidad para cubrir gastos personales, acciones que forman parte de las líneas de investigación que mantiene abiertas el Ministerio Público.
