Acusan a padrastro por muerte de niño de 3 años en Nicaragua
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Managua, Nicaragua.– El Ministerio Público de Nicaragua presentó una acusación formal contra Gian Carlos Manzanares, de 18 años, por la muerte de un niño de tres años, identificado con las iniciales G.A.R., ocurrida en el barrio Ciudadela, del municipio de Tipitapa, departamento de Managua.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el menor falleció a causa de un shock traumático provocado por múltiples golpes en la cabeza, fracturas en las costillas y otras lesiones, según los hallazgos del Instituto de Medicina Legal (IML).
La Fiscalía informó que el acusado enfrentará un juicio oral y público, mientras evalúa la calificación jurídica del caso conforme a las agravantes que establezca la investigación. De acuerdo con el Código Penal nicaragüense, delitos de esta naturaleza pueden ser tipificados como homicidio calificado o asesinato, con penas que van desde los 20 hasta los 30 años de prisión, e incluso prisión perpetua revisable en casos de extrema gravedad contra menores de edad.
Las pruebas forenses y periciales serán determinantes para establecer la responsabilidad penal del imputado y la sanción correspondiente.
Investigación sobre la madre
Las autoridades también mantienen abierta una investigación sobre la madre del menor, María Romero, de 17 años, para determinar si existió algún grado de responsabilidad por omisión en la protección de su hijo.
Según declaró la joven ante la Policía Nacional, no denunció las agresiones porque presuntamente era víctima de amenazas de muerte y violencia física por parte de su pareja. Además, el Ministerio Público solicitó evaluaciones psicológicas y psiquiátricas para establecer su condición y determinar si existen factores que puedan influir en su responsabilidad penal.
En caso de que se determine alguna responsabilidad, el proceso se desarrollaría bajo el Código de la Niñez y la Adolescencia, debido a que la madre es menor de edad. La legislación nicaragüense establece que los adolescentes son juzgados por tribunales especializados y contempla medidas de internamiento en centros especializados, con límites máximos de privación de libertad establecidos por la ley.
El caso ha generado conmoción en Nicaragua y reavivó el debate sobre la protección de la niñez y la prevención de la violencia intrafamiliar.
