Corte condena al Banco Central a pagar US$5 millones por inmueble
SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional condenó al Banco Central de la República Dominicana (BCRD) al pago de US$5 millones o su equivalente en pesos dominicanos, por una controversia relacionada con un inmueble ubicado en los terrenos del antiguo aeropuerto de Herrera.
La decisión favorece al Consorcio Méndes Junior-Méndez Cabral, que reclamó la propiedad de una porción de terreno de aproximadamente 5,000 metros cuadrados, entregada como parte de una dación de pago por trabajos realizados en la ampliación de la Autopista Duarte.
Los jueces Matías Modesto Del Rosario, presidente de la sala; Ynés A. De Peña Ventura, Jorge Luis Reyes Lara y Pricila Martínez Tineo, también condenaron a la entidad bancaria al pago de las costas del procedimiento, en favor del abogado Jorge Lora Castillo.
Según explicó Lora Castillo, la decisión adquirió carácter definitivo y fue notificada al Banco Central el pasado 21 de agosto de 2026, mediante el acto número 1098/2026, instrumentado por el ministerial William Radhames Ortiz Pujols.
La demanda, relacionada con la rescisión de contrato y reparación de daños y perjuicios, se originó en una transacción mediante la cual el consorcio recibió terrenos como compensación por trabajos vinculados a la ampliación de la Autopista Duarte, por un valor de RD$38,805,457.90.
De acuerdo con la parte demandante, el acuerdo fue formalizado mediante un contrato notarizado desde 2004. Sin embargo, sostiene que posteriormente el Banco Central desconoció los compromisos asumidos y dispuso de los terrenos objeto de la transacción, impidiendo al consorcio ejercer los derechos derivados del acuerdo.
El representante legal del consorcio afirmó que la entidad bancaria recurrió decisiones judiciales anteriores y que los terrenos terminaron siendo distribuidos entre distintos grupos empresariales e ingenieros.
La sentencia también fue notificada al gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, así como a los abogados que representan a la institución en el proceso.
La decisión judicial establece una condena económica de US$5 millones, además de las costas procesales, en favor de la parte demandante.
