Jurista Felipe Ramírez advierte sobre riesgos de la inteligencia artificial para los derechos fundamentales
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SANTO DOMINGO.– El jurista y magíster en Derechos Humanos Felipe Ramírez llamó a fortalecer el uso ético de la inteligencia artificial (IA) para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y evitar prácticas discriminatorias derivadas de decisiones automatizadas.
El profesional del derecho abordó estos desafíos durante la conferencia «Inteligencia artificial y derechos fundamentales: desafíos jurídicos contemporáneos», impartida en la Universidad Eugenio María de Hostos (UNIREMHOS), como parte del programa de conferencias anuales de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas (FCSyA).
Ramírez explicó que la inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana, por lo que consideró necesario adaptar las normas y los mecanismos de protección de los ciudadanos a los retos que plantea esta tecnología.
Aclaró que el propósito no debe ser detener el avance tecnológico, sino garantizar que las leyes contemplen tanto las necesidades actuales como los escenarios futuros que surgirán con la expansión de estas herramientas.
Transparencia y supervisión humana en las decisiones
Durante su exposición, el jurista señaló que el uso de inteligencia artificial pone a prueba derechos reconocidos por la Constitución, entre ellos la igualdad y la no discriminación, la intimidad y la protección de los datos personales.
Indicó que estos desafíos están presentes en la administración de justicia y en cualquier ámbito donde se utilicen sistemas de IA para apoyar la toma de decisiones.
En ese sentido, sostuvo que los ciudadanos tienen derecho a conocer cuándo una decisión ha sido asistida por inteligencia artificial, recibir una explicación comprensible sobre sus fundamentos y solicitar que sea revisada por una persona.
Explicó que no es necesario que cada ciudadano domine los aspectos técnicos de estas herramientas, pero sí debe poder conocer las razones de una decisión y contar con mecanismos para cuestionarla.
«La tecnología debe ampliar las capacidades del Estado y de los profesionales, pero nunca sustituir la responsabilidad humana», afirmó Ramírez, al subrayar que utilizar inteligencia artificial no libera de responsabilidad a quienes recurren a ella.
Advierte sobre discriminación y protección de datos
El especialista también alertó sobre los riesgos de utilizar sistemas entrenados con información sesgada, especialmente en procesos como la selección de personal y la aprobación de créditos.
Para reducir la posibilidad de decisiones discriminatorias, recomendó prevenir los sesgos desde el diseño y entrenamiento de los sistemas, además de garantizar que cada caso sea evaluado individualmente bajo supervisión humana.
Ramírez insistió en que la responsabilidad y la decisión final deben permanecer en manos de una persona, aunque se utilicen herramientas automatizadas como apoyo.
Asimismo, recomendó evitar introducir datos sensibles en plataformas de inteligencia artificial cuando se utilicen para elaborar o redactar documentos, como medida para proteger la privacidad y la información personal.
Decreto 787-26 como referencia para el uso ético de la IA
En el contexto de su exposición, Ramírez se refirió al Decreto núm. 787-26, que aprueba el Código de Ética para el uso de la Inteligencia Artificial en el sector público, y lo destacó como un paso importante dentro del debate sobre la utilización responsable de esta tecnología.
También exhortó a las empresas privadas y a las universidades a tomar esa disposición como referencia para elaborar sus propios manuales de uso ético de la inteligencia artificial.
Al concluir, el jurista sostuvo que el progreso tecnológico no debe medirse únicamente por la velocidad de la innovación, sino también por la capacidad de preservar los valores y garantizar que los derechos fundamentales de los ciudadanos no sean vulnerados.