Declaración de Estado de Calamidad en Guatemala

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El Gobierno de Guatemala ha declarado el estado de calamidad debido a las lluvias excesivas que han causado daños significativos en viviendas e infraestructura en diversas partes del territorio nacional. Las precipitaciones han saturado los suelos, incrementando el riesgo de eventos que pueden afectar los derechos de la población vulnerable.

Duración y Alcance

La medida estará vigente por 30 días a partir de la promulgación del decreto. Durante este periodo, se podrán limitar ciertos derechos constitucionales, específicamente los reconocidos en los artículos 5 y 26 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en todo el territorio nacional. Sin embargo, se garantiza que ninguna persona será perseguida o molestada por sus opiniones o por actos que no constituyan infracción a la ley.

Medidas Específicas

  1. Limitación de Derechos: Se establecerán limitaciones al derecho de libre locomoción y circulación de vehículos en las zonas afectadas.
  2. Evacuaciones: Se podrá ordenar la evacuación de habitantes en regiones afectadas o en peligro.
  3. Acciones Preventivas y de Mitigación: Implementación de acciones a escala nacional, regional, departamental, municipal y local para prevenir, mitigar y atender daños derivados de las lluvias.

Adquisiciones y Contrataciones

El Artículo 6 del decreto autoriza la adquisición y contratación de bienes y servicios para varias entidades gubernamentales, incluyendo el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Las adquisiciones y contrataciones deberán observar parámetros de transparencia y publicidad, y serán realizadas exclusivamente para abordar los daños y efectos ocasionados por las lluvias.

Esta declaración busca proteger la vida y los bienes de los ciudadanos, restaurar el orden público y asegurar una respuesta efectiva del gobierno ante la emergencia climática que enfrenta el país.

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