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POR CÉSAR DALMASÍ
El autor es periodista
Con todas las flaquezas y debilidades que pudieran existir, nadie puede negar que la República Dominicana es un Estado organizado, con leyes, con autoridades civiles, policiales y militares legalmente establecidas y ciudadanos con deberes y derechos que deben de ajustarse a las normas y a las leyes, toda vez que por ser una nación organizada, todo aquel que viva en dicho territorio tiene que obligatoriamente reconocer y respetar el principio de la autoridad prevaleciente.
Es necesario que se sepa que en la República Dominicana no somos una aldea y menos aún, no somos una selva en donde prevalece el más fuerte, aquí somos un país civilizado con principios y respetuoso de los derechos humanos, de las leyes nacionales, transnacionales y de los acuerdos internacionales, aunque algunas personas y organismos exógenos crean y digan lo contrario, lo real es que nuestra propia conducta dice y demuestra todo lo contrario a esas malsanas creencias y aviesas como falsas acusaciones.
De manera que es oportuno el momento para pedir a la autoridad competente que en el marco general aplique de forma drástica, contundente y sin pavor alguno todo el peso de la ley a quienes osen desconocer nuestro Estado de derechos y que en virtud de lo cual se quiera irrespetar a la autoridad y a la ley, por eso aplaudimos y apoyamos en todas sus partes que la Dirección General de Migración sea implacable, con todo aquel que desconozca su autoridad y aún más , a quien se atreva a desafiar la misma que como entidad de un Estado organizado ostenta.
Lo ocurrido recientemente en un negocio en la Avenida Duarte del distrito nacional y propiedad de un ciudadano extranjero, no debe de ser tolerado bajo ninguna circunstancia, ya que según lo publicado en distintos medios de comunicación y de acuerdo a lo que expresa la misma Dirección General de Migración, se trata de un negocio ampliamente reincidente en violar la ley 285-04.
Sin embargo lo peor es que en un operativo de la Dirección General de Migración, allí no sólo se desconoció la autoridad de dicho organismo del Estado dominicano, sino que se desafió a la autoridad, se enfrentó a la misma y se incitó a su empleomanía a desobedecer y a confrontar de forma directa a las autoridades de migración, convirtiéndose esta conducta en violaciones diversas contra la ley y el orden, agravándose más el asunto por tratarse según migración de empleados y personas con estatus irregular en nuestro país.
Por tal razón no puede jamás, haber ningún poder nacional o internacional al que haya que temerle para hacer valer el principio de autoridad y para aplicar sanciones en las instancias que la misma ley indica, haciendo especial ahínco en que ante estos irrespetuosos casos se debe de ser intolerante, implacable y sumamente fuerte, para que la autoridad no sea pisoteada y burlada por nadie, sea dominicano o no y sin importa su posición y su situación migratoria en nuestro suelo soberano, que por cierto aquí han sido acogidos con tanto respeto y complacencia.
El respeto a ley ha de prevalecer siempre, por encima de todo interés particular o de quien se crea que por posición económica o por poder político, ya tiene una patente de corso para hacer en nuestro soberano país lo que le venga en ganas, así no, porque estamos seguros que en sus países de origen no son capaces ni en pensamiento de irrespetar, violentar y desafiar a la autoridad como el caso que nos ocupa, porque de seguro las consecuencias serían muy duras.
La Dirección General de Migración no debe flaquear en esto y además debe de recibir el apoyo total e irrestricto del señor presidente de la República, frente al caso que nos ocupa y ante cualquier otra circunstancia futura, pero también toda la ciudadanía ha de dar su apoyo a nuestra institución de control migratorio, toda vez que la misma trabaja para que no se mancille la dignidad nacional y los derechos de todos los dominicanos; se equivoca cualquier inversor extranjero que se crea que por su inversión tiene derecho a hacer y deshacer en nuestro país, así que tolerancia cero al irrespeto a la autoridad.
