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Washington, D.C. – La Casa Blanca aseguró este miércoles que el presidente Donald Trump no permitirá que el “gobierno de una turba” prevalezca en Estados Unidos, en respuesta al aumento de protestas contra las políticas migratorias de su administración, las cuales se han extendido desde Los Ángeles hacia varias ciudades del país.
Durante una sesión informativa, la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, enfatizó que el gobierno mantiene firme su deber de garantizar la ley y el orden en medio de manifestaciones que han derivado en enfrentamientos con autoridades federales. “El presidente Trump nunca permitirá que el gobierno de una turba prevalezca en Estados Unidos. El deber más básico del gobierno es preservar la ley y el orden, y esta administración abraza esa sagrada responsabilidad”, declaró.
Las protestas, originadas en rechazo a las redadas migratorias, se han propagado a ciudades como Nueva York, Chicago, Denver, Las Vegas, Atlanta, Filadelfia, Boston y Washington. En algunas de ellas se han registrado incidentes cerca de las sedes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), agencia encargada de ejecutar las deportaciones.
Leavitt advirtió que los intentos por frenar la campaña migratoria del gobierno “no tendrán éxito”, y atribuyó los disturbios a grupos de izquierda radical. Afirmó que Trump actúa con el respaldo del mandato electoral para frenar lo que calificó como una “invasión ilegal” derivada de las políticas migratorias de la administración anterior.
En respuesta a los disturbios en Los Ángeles, Trump ordenó el despliegue de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines, una acción rechazada por el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa Karen Bass. Según Leavitt, esta intervención busca proteger a los agentes federales y asegurar la continuación de las deportaciones.
La portavoz también acusó a líderes demócratas de anteponer intereses ideológicos sobre la seguridad pública. “La violencia de las turbas está siendo erradicada. Los delincuentes responsables serán llevados rápidamente ante la justicia”, concluyó.
La administración reiteró su compromiso con los derechos constitucionales, pero subrayó que los actos violentos no serán tolerados en ningún punto del país.
