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Reiteración delictiva motiva solicitud de variación de medida de coerción contra condenada por ciberdelitos
Santo Domingo, RD – El Ministerio Público solicitó formalmente a la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la variación de la medida de coerción impuesta a Johanna del Carmen Madera de Stanley, condenada previamente por ciberdelitos, luego de que presuntamente haya reincidido en conductas delictivas tras su sentencia.
La instancia depositada por el órgano judicial indica que la imputada fue condenada en noviembre de 2024 a tres años de prisión, tras comprobarse que suplantó la identidad de la señora Karla Fitch para amenazar a padres del Colegio Mundo Creativo de Montesori. El hecho generó pánico y una fuerte movilización de seguridad en dicha institución educativa.
Nuevas acusaciones: amenazas al presidente y campaña de difamación
Tan solo tres meses después de la condena inicial, el Ministerio Público abrió un nuevo proceso penal contra Madera de Stanley, esta vez por presuntas amenazas de muerte contra el presidente de la República, así como los comunicadores Jaime Rincón y Julio Manuel Sierra.
En ambos casos, se alega que utilizó nuevamente la identidad suplantada de Karla Fitch, evidenciando un patrón de conducta delictiva grave y continuado.
La solicitud judicial también incluye una tercera actuación delictiva: el presunto financiamiento a la comunicadora Ingrid Altagracia Jorge Pérez para ejecutar una campaña de difamación e injuria contra el procurador adjunto Iván Féliz Vargas, responsable de la investigación que llevó a su primera condena.
Ingrid Jorge admitió participación y vinculación con la imputada
De acuerdo con los documentos judiciales, Ingrid Jorge confesó públicamente haber recibido instrucciones y dinero de parte de Johanna Madera para lanzar ataques mediáticos contra el fiscal Vargas.
Estas revelaciones, sumadas a la reiteración de conductas penales, motivaron al Ministerio Público a solicitar a la Corte de Apelación que imponga prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en sustitución del impedimento de salida y garantía económica que actualmente pesa sobre la encartada.
El Ministerio Público invoca el artículo 238 del Código Procesal Penal
La solicitud se sustenta legalmente en el artículo 238 del Código Procesal Penal, el cual habilita la sustitución de medidas de coerción ante el incumplimiento o modificación de los presupuestos judiciales iniciales.
“El Ministerio Público reafirma su compromiso con la persecución de los delitos tecnológicos, la defensa de la institucionalidad y la protección del interés público”, indica la comunicación oficial.
