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Santo Domingo, RD.– La Asociación de Servidores Públicos de la Contraloría General de la República (ASP-CGR) denunció el incumplimiento en el pago de Incentivos de Rendimiento Individual por más de 300 millones de pesos, correspondientes a los años 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. La entidad demandó a la institución ante el Tribunal Superior Administrativo, exigiendo el pago de una deuda total que asciende a RD$580 millones por concepto de incentivos laborales no entregados durante seis años consecutivos a servidores de carrera administrativa.
El abogado representante, Oliver Batía, calificó la situación como un “abuso sistemático” contra trabajadores que han cumplido con sus labores y superado las metas establecidas. Afirmó que el derecho a estos pagos está respaldado por la Ley 41-08 de Función Pública, los Decretos 523-09 y 527-09, así como resoluciones del Ministerio de Administración Pública (MAP).
La Asociación advirtió que este caso podría derivar en nuevas demandas contra el Contralor Félix Antonio Santana García, la Dirección General de Presupuesto y el Ministerio de Administración Pública, señalando una presunta complicidad en la retención de derechos adquiridos.
El marco legal vigente establece que los incentivos deben fundamentarse en el mérito y estar contemplados en el presupuesto, de acuerdo con la Ley 41-08 y los decretos reglamentarios. Resoluciones y circulares emitidas entre 2018 y 2024 refuerzan la obligatoriedad de su pago.
Según la ASP-CGR, el incumplimiento acumulado generó un daño económico superior a los 800 millones de pesos, evidenciando una grave falta de transparencia y respeto a las leyes laborales dentro de la institución responsable de velar por el buen uso de los fondos públicos.
