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Es hora de fortalecer la justicia y frenar el fraude inmobiliario en República Dominicana

Un llamado a proteger a los propietarios legítimos y garantizar la seguridad jurídica en el país

Señores, dejemos descansar a los jueces, magistrados, fiscales y a la justicia en general. El sistema judicial dominicano no puede seguir siendo cargado con casos que nacen de fraudes inmobiliarios y documentaciones falsificadas que afectan tanto a propietarios como al Estado.

Fraudes que amenazan la propiedad privada

Desde hace años, grupos organizados se han dado la tarea de falsificar contratos, títulos y documentos, con el único fin de apoderarse de terrenos ajenos. En muchos casos, logran incluso obtener títulos de propiedad sin haber comprado legítimamente, lo que invalida los derechos de los verdaderos dueños.

Esta situación genera un congestionamiento constante en los tribunales, donde los jueces deben estudiar documentación, fijar audiencias y analizar pruebas para determinar dónde está la razón: si en el propietario real o en quien intenta consumar un fraude.

El papel de la DGI y otras instituciones

La Dirección General de Impuestos Internos (DGI), como institución recaudadora del Estado, tiene también una responsabilidad de verificación. Antes de autorizar cualquier movimiento económico o pago de transferencia, debe revisar a fondo la documentación presentada.

Si un ciudadano llega con documentos de compraventa de un inmueble, es necesario que la institución verifique directamente con el propietario inscrito en el sistema. Tal como ocurre con las matrículas de vehículos —donde llaman al titular para confirmar cualquier trámite— debería aplicarse el mismo criterio en materia inmobiliaria.

Impacto económico y social

Cada audiencia abierta en los tribunales representa un gasto para el Estado: electricidad, papelería, tiempo de jueces y fiscales. Todo esto nace de procesos fraudulentos que pudieron haberse evitado con un mejor control en las instituciones responsables.

El problema no solo afecta al Estado, sino también a las familias dominicanas que, tras décadas de sacrificio, ven en riesgo los terrenos y casas que han defendido por generaciones. Un título con más de 40 años de vigencia no puede ponerse en duda de la noche a la mañana por simples documentos falsificados.

La realidad de los alquileres y desalojos

A esta crisis se suma la problemática de los alquileres. Muchos propietarios no pueden cobrar con seguridad sus rentas, pues al intentar desalojar a inquilinos morosos, se enfrentan a procesos judiciales que terminan favoreciendo a quienes incumplen. En otros casos, los inquilinos falsifican documentos alegando compra de la vivienda, lo que agrava el conflicto.

Basta ya de falsificaciones y estafas con terrenos en República Dominicana. Grupos organizados llevan años apoderándose de propiedades ajenas con documentos falsos y hasta con títulos inventados.

Esto recarga a los jueces y tribunales, que deben perder tiempo y recursos en casos que pudieron evitarse si las instituciones verificaran mejor.

La DGI debe ser más estricta: no se puede autorizar un pago de transferencia sin confirmar con el propietario registrado, como se hace con las matrículas de vehículos.

Cada juicio le cuesta dinero al Estado, y peor aún, deja a familias enteras en riesgo de perder terrenos con más de 40 años de historia.

Incluso en alquileres se repite el problema: inquilinos morosos falsifican papeles para alegar que compraron la vivienda, generando más conflictos judiciales.

La conclusión es clara: hay que blindar la justicia, proteger la propiedad privada y poner fin a este fraude inmobiliario que desangra al país.

Conclusión: un país que debe proteger su justicia

La República Dominicana ha avanzado en muchos aspectos, pero es necesario blindar el sistema jurídico frente a estas prácticas fraudulentas. Los tribunales no pueden seguir siendo sobrecargados por delincuentes que buscan adueñarse de lo ajeno mediante la falsificación.

El Estado dominicano debe dar mayor seguridad a los propietarios, fortalecer la verificación documental en la DGI y en los departamentos de titulación, y garantizar que la justicia pueda actuar con firmeza.

Porque, al final, defender la propiedad privada es defender la estabilidad del país y la confianza en nuestras instituciones.