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Santo Domingo. – La Fuerza de Tarea Conjunta, integrada por la Dirección General de Migración, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront), logró la deportación y repatriación de 9,280 personas hacia Haití durante la última semana, como parte de los operativos de control migratorio en todo el país.
La información fue ofrecida por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, tras concluir la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader, quien resaltó que estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno con la seguridad y el orden público, bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos y fortalecimiento institucional.
“La operatividad de la Dirección General de Migración continúa con esta fuerza de tarea, que trabaja en todo el territorio nacional para detectar la situación irregular de ciudadanos y dar fiel cumplimiento a la Ley General de Migración”, afirmó Raful.
La ministra destacó además una reducción sostenida en la tasa de homicidios, que actualmente se sitúa en 8.15 por cada 100 mil habitantes, frente a 9.65 en 2024 y 12 en 2023. En lo que va del año, 1,009 personas han fallecido por homicidios, frente a 1,066 en 2024 y 1,179 en 2023.
En cuanto a los robos, informó que los reportes de la Policía Nacional reflejan una disminución constante, e instó a la ciudadanía a seguir utilizando la plataforma digital de denuncias, que ofrece comprobante QR y seguimiento inmediato a los casos.
Sobre el tiroteo ocurrido en La Barranquita, Santiago, en el que resultaron fallecidas cinco personas y están involucrados 11 agentes policiales, Raful explicó que el caso se encuentra bajo investigación del Ministerio Público.
“El Ministerio de Interior y Policía está colaborando plenamente con las autoridades competentes y es el más interesado en que este hecho sea esclarecido con total transparencia”, aseguró.
La funcionaria reiteró que el Gobierno mantiene su compromiso de garantizar la seguridad ciudadana, promover la transparencia en las actuaciones policiales y continuar fortaleciendo la confianza entre la población y las instituciones del Estado.
