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Boca Chica, Santo Domingo. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), en coordinación con la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase), dio un nuevo golpe al fraude energético tras detectar conexiones ilegales en varios establecimientos comerciales del municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo.
Durante los operativos, fueron identificadas importantes anomalías en el consumo eléctrico de una estación de combustible y varias naves industriales, cuyos responsables fueron sorprendidos utilizando energía sin la debida autorización.
De acuerdo con el informe técnico de Edeeste, el consumo estimado irregular asciende a 61,178 kilovatios hora (kWh), lo que representa un costo anual de aproximadamente RD$830,450.99 en perjuicio de la empresa y del Estado dominicano. La distribuidora precisó que las pérdidas energéticas en Boca Chica superan actualmente el 75%, reflejo del impacto de estas prácticas ilícitas.
Edeeste, Pgase y la Superintendencia de Electricidad (SIE) reiteraron que los operativos continuarán en toda el área de concesión, con el objetivo de detectar y corregir irregularidades tanto en usuarios no regulados como en clientes morosos, promoviendo la normalización del servicio y un sistema eléctrico más justo, eficiente y sostenible.
“Estas acciones forman parte de la política de cero tolerancia al fraude eléctrico, establecida por el Gobierno dominicano. El robo de energía no solo es un delito, sino que afecta directamente la calidad del servicio y encarece los costos para quienes sí cumplen con sus obligaciones”, expresó la institución.
Asimismo, las autoridades recordaron que el fraude eléctrico está tipificado y sancionado en la Ley General de Electricidad No. 125-01, y reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo los mecanismos de supervisión y control para proteger la red eléctrica nacional.
Finalmente, Edeeste y Pgase exhortaron a la ciudadanía a colaborar denunciando, a través de los canales institucionales, cualquier tipo de conexión irregular o manipulación ilegal del servicio eléctrico, como parte del esfuerzo colectivo por garantizar una energía más confiable, segura y equitativa para todos.
