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Santo Domingo, R.D. – La Fundación Equidad y Justicia Social (FEJUS) expresó su enérgica condena ante la reiterada violación del Código Tributario de la República Dominicana (Ley 11-92) por parte del Estado, al no aplicar la indexación por inflación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los salarios de los trabajadores, tal como establece el artículo 296 de dicha ley.
De acuerdo con la organización, desde hace más de una década los gobiernos han incumplido este mandato legal, afectando el poder adquisitivo de más de 700,000 trabajadores asalariados, quienes actualmente pagan impuestos sobre ingresos ficticios generados por la inflación.
“El Estado Dominicano no puede seguir actuando como un Estado delincuente, que viola de forma intencional sus propias leyes en perjuicio de la clase trabajadora. No hay justificación moral ni jurídica para mantener congelado el monto exento del impuesto al salario cuando la ley ordena su ajuste anual por inflación”, declaró Fidel Lorenzo Merán, presidente de FEJUS.
Según la entidad, el monto exento actual de RD$416,220 anuales no representa la realidad económica del país. Si se hubiera aplicado correctamente la indexación establecida por el Banco Central, el monto debería oscilar entre RD$550,000 y RD$600,000 al año. Esta inobservancia ha generado un incremento encubierto del impuesto al salario, deteriorando el nivel de vida de miles de familias dominicanas.
En ese sentido, FEJUS manifestó su respaldo a la propuesta del senador Omar Fernández, quien sometió una resolución al Senado solicitando al Presidente de la República instruir la inmediata aplicación de la indexación establecida en la Ley 11-92.
“Respaldamos toda iniciativa que restituya el respeto al Estado de derecho y garantice la equidad tributaria. No puede hablarse de justicia social en un país donde el propio Estado desobedece la ley”, enfatizó la fundación en su comunicado.
Finalmente, FEJUS hizo un llamado al Congreso Nacional, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a corregir esta injusticia histórica y aplicar la ley en toda su extensión, garantizando así un sistema fiscal justo, transparente y conforme a la Constitución.
