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Por Pablo Vicente
La propuesta de la magistrada del Tribunal Constitucional, Sonia Díaz, de permitir que los militares y policías ejerzan el derecho al voto, ha abierto un debate sobre los límites entre ciudadanía y neutralidad institucional. Aunque el planteamiento resulta provocador y legítimo desde el punto de vista del debate democrático, plantea más riesgos que beneficios para la estabilidad del sistema político dominicano.
La Constitución dominicana, en su artículo 40, numeral 14, prohíbe a los miembros de las fuerzas armadas y la policía ejercer derechos políticos mientras estén en servicio activo. Esta disposición no es un simple formalismo jurídico; es una garantía esencial de que la fuerza pública permanezca al margen de las disputas partidarias.
Las instituciones armadas no están diseñadas para deliberar, sino para obedecer. Su disciplina y jerarquía las hacen vulnerables a influencias verticales, lo que en un contexto de debilidad institucional podría traducirse en presión, manipulación o alineamiento político. El voto, en ese marco, podría convertirse en una herramienta de control más que en una expresión de libertad ciudadana.
El derecho al sufragio es fundamental, pero no el único indicador de participación cívica. Los militares y policías sirven a la nación de otra manera: garantizando la seguridad, el orden y la soberanía. Su aporte democrático se expresa en la lealtad a la Constitución, no en la militancia electoral.
En sociedades con una tradición política consolidada, como España o Estados Unidos, los uniformados votan bajo estrictos mecanismos de control. Pero en países donde aún persisten estructuras clientelares, la apertura del voto militar podría derivar en tensiones institucionales difíciles de manejar.
Habilitar el sufragio militar implicaría una reforma constitucional profunda, pero también un rediseño del modelo de equilibrio civil-militar que ha sostenido la estabilidad política dominicana desde la transición democrática. Romper ese principio sin garantías suficientes sería un retroceso más que un avance.
La democracia no se fortalece sumando riesgos, sino preservando los equilibrios que la han hecho posible. La neutralidad de los cuerpos armados es uno de ellos.
El planteamiento de la magistrada Díaz merece ser discutido en los espacios académicos y constitucionales, pero su aplicación práctica debería descartarse mientras no existan condiciones políticas y culturales que aseguren la plena independencia de las fuerzas armadas y policiales frente al poder partidario.
La República Dominicana ha aprendido, a lo largo de su historia, que cuando la política penetra los cuarteles, la democracia se debilita.
Por eso, más que abrir el voto militar, debemos reforzar la institucionalidad que garantiza que los uniformes sigan al servicio de la nación, no de la política.
