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Santo Domingo, RD. – Decenas de familias del barrio Cuba, en Arroyo Hondo, denunciaron este viernes que fueron desalojadas de manera forzosa por brigadas del Ministerio de Obras Públicas y agentes de la Policía Nacional, en el marco del proyecto de ampliación de la avenida República de Colombia. Los comunitarios aseguran que no recibieron compensaciones justas ni acuerdos formales antes de la destrucción de sus viviendas.
Los residentes afirman que están viviendo días de angustia, incertidumbre y desesperación, luego de que sus hogares fueran derribados sin que se completaran las negociaciones económicas prometidas por las autoridades. Muchos de ellos alegan que ni siquiera firmaron contratos de desalojo y que no han recibido el presupuesto acordado para abandonar el lugar.
Ofertas insuficientes y acuerdos pendientes
De acuerdo con los testimonios recogidos, las ofertas realizadas por el Estado oscilaron entre RD$38,000 y RD$2 millones, montos que los afectados consideran insuficientes para adquirir una nueva vivienda. Por esta razón, insisten en que no aceptaron las propuestas, lo que agravó la tensión en el proceso de desalojo.
“No tenemos a dónde ir y lo que ofrecen no alcanza ni para comenzar de nuevo”, expresó una de las afectadas, quien asegura que el proceso se ejecutó sin tomar en cuenta la realidad social de las familias.
Policía Nacional intervino en medio de resistencia
Los comunitarios explicaron a Portada Nacional que la intervención policial generó enfrentamientos, empujones y denuncias de uso excesivo de la fuerza. Las autoridades argumentan que habían notificado el desalojo desde hace seis meses, pero los moradores sostienen que esa notificación no sustituye la firma de acuerdos económicos ni garantiza la reubicación adecuada de las familias.
Entre los afectados se encuentra una envejeciente sin familiares, lo que ha causado especial preocupación entre los vecinos, quienes piden ayuda urgente para brindarle un espacio digno donde vivir.
Comunitarios exigen respeto a sus derechos
Los moradores del barrio Cuba hicieron un llamado al Estado dominicano para que se reconsideren los montos de compensación y se garantice un proceso justo, humano y respetuoso.
“Solo pedimos pagos justos y que respeten nuestros derechos. No somos animales, somos familias que lo hemos perdido todo”, expresó otro de los residentes afectados.
El caso ha generado indignación en sectores sociales que demandan mayor transparencia en los desalojos vinculados a proyectos públicos y una política más responsable en la reubicación de familias vulnerables.
