Balance 2025 en la República Dominicana: avances institucionales, retrocesos en corrupción y grandes desafíos democráticos
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El año 2025 dejó un balance mixto para la República Dominicana. Aunque se registraron avances legales e institucionales relevantes, el país también enfrentó graves retrocesos y persistentes desafíos en la lucha contra la corrupción, la transparencia, la justicia, la equidad social y la gobernabilidad democrática.
Corrupción e impunidad
El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, publicado a inicios de 2025, reflejó una mejoría para el país. Sin embargo, esta señal positiva no logró disipar la desconfianza ciudadana, profundizada por nuevos escándalos.
El caso SENASA se consolidó como el hecho más grave del año: un entramado criminal que habría desviado más de RD$15 mil millones del sistema público de salud, afectando directamente a los sectores más vulnerables y vulnerando un derecho fundamental. Más allá del impacto financiero, el caso expuso consecuencias humanas: tratamientos no otorgados, servicios privatizados de forma fraudulenta y una fuerte erosión de la confianza pública.
Persisten, además, preocupaciones por la lentitud judicial, los reenvíos y el riesgo de prescripción en expedientes de gran corrupción. La ciudadanía demanda audiencias públicas, plazos razonables y sentencias oportunas, especialmente en casos de alto impacto social.
Casos emblemáticos
En 2025 solo un gran expediente concluyó juicio de fondo: Alexis Medina y compartes, con condenas por un desfalco superior a RD$4,796 millones, aunque las penas fueron consideradas insuficientes. Otros procesos relevantes —Adán Cáceres, Jean Alain Rodríguez y el expediente Donald Guerrero–Gonzalo Castillo–Peralta— continuaron estancados, reforzando la alarma sobre la reproducción de la impunidad.
Narcotráfico y política
El año evidenció de forma alarmante la penetración del narcotráfico en la política, particularmente en estructuras del Partido Revolucionario Moderno. Condenas, extradiciones y procesos en curso revelaron debilidades en los controlesdel financiamiento político y el alto costo económico de la actividad partidaria.
Controles y reformas institucionales
Se aprobaron instrumentos relevantes como la Ley de Contrataciones Públicas 47-25, se renovó la Cámara de Cuentasy avanzó la digitalización de la Contraloría. En el ámbito penal, se promulgaron el nuevo Código Procesal Penal y el Código Penal 74-25, incorporando figuras como los ciberdelitos. No obstante, el caso SENASA demostró que los controles siguen siendo vulnerables.
La organización Participación Ciudadana valoró los avances, pero lamentó la exclusión de las tres causales del aborto, manteniendo al país entre los más restrictivos del mundo en derechos reproductivos.
Decisiones judiciales
El Tribunal Constitucional emitió sentencias que fortalecieron derechos fundamentales, al derogar normas que vulneraban la intimidad, la vida privada y la libertad de tránsito, así como disposiciones administrativas que permitían impedimentos de salida sin orden judicial.
Seguridad y reforma policial
La Reforma Policial avanzó en formación, salarios, tecnología y supervisión. La Dirección Nacional de Control de Drogas tuvo un desempeño destacado en incautaciones. Como resultado, la tasa de homicidios bajó a 8.3 por cada 100 mil habitantes, por debajo del promedio regional.
Violencia de género
Aunque los feminicidios disminuyeron 29.8%, se registraron 49 casos y más de 57 mil denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. La mayoría ocurrió en el ámbito doméstico, dejando decenas de niños huérfanosy evidenciando la urgencia de políticas preventivas más eficaces.
Aspectos político-electorales
Fue un año post-electoral estable. La Junta Central Electoral reforzó controles sobre la campaña anticipada y avanzó en el nuevo documento de identidad. Se aprobó la Ley 39-25 para fortalecer el Tribunal Superior Electoral, aunque generó inquietud la falta de transparencia en designaciones pendientes de la Suprema Corte y la no ratificación de la magistrada Pilar Jiménez Ortiz.
Economía
La economía se desaceleró (crecimiento cercano al 2%), presionada por la incertidumbre global, restricciones fiscales y debilidades internas. Aumentó la inflación, persistieron fallas en servicios públicos y continuó la dependencia del endeudamiento, remesas e inversión extranjera. Hubo avances en reducción de pobreza y desigualdad, pero siguen siendo elevadas y faltan reformas estructurales.
Contexto internacional y migración
El país mantuvo estabilidad política y coordinación frente a la crisis haitiana, pero sin avances sustanciales en política migratoria. Acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos en la lucha antidrogas generaron preocupaciones sobre soberanía.
Conclusión
El 2025 cerró con avances legales e institucionales, pero también con casos graves de corrupción, lentitud judicial, controles frágiles y brechas sociales persistentes. Participación Ciudadana insiste en que la lucha contra la corrupción debe ir más allá del discurso y traducirse en procesos oportunos, reformas profundas, transparencia efectiva y un fortalecimiento real del Estado de derecho para evitar la reproducción de la impunidad y proteger los derechos fundamentales.
