Difundir rumores sobre la liquidez de un banco puede llevar a prisión hasta por 10 años, advierte abogado

Santo Domingo.– Difundir rumores falsos sobre la supuesta falta de liquidez de una entidad bancaria, especialmente a través de redes sociales, puede conllevar penas de prisión de entre 3 y 10 años, además de multas millonarias, advirtió el abogado Amadeo Peralta, especialista en persecución de crímenes, delitos y fraudes financieros.

Al ser entrevistado por periodistas de este medio, Peralta explicó que llamar públicamente a la población a retirar su dinero del Banco de Reservas, mediante videos o publicaciones en redes sociales, constituye un delito grave tipificado en la Ley Monetaria y Financiera, específicamente en su artículo 80.

“Todo el que no quiera pasar el año 2026 en serios problemas legales debe dejar de estar difundiendo rumores falsos o sumándose a campañas difamatorias sobre la liquidez del Banco de Reservas, porque eso está sancionado con prisión de 3 a 10 años y multas que van desde RD$500,000 hasta RD$2,500,000”, afirmó.

Investigación en curso y posibles arrestos

Peralta sostuvo que la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), en coordinación con el Banco de Reservas, la Superintendencia de Bancos y el Ministerio Público, realiza un barrido exhaustivo de redes sociales para identificar a las personas que estarían incurriendo en este delito, incluso si se encuentran fuera del país.

Según explicó, ya se están recabando videos y publicaciones, debido a que este tipo de acciones pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero nacional, por lo que se considera un tema de seguridad nacional.

Una vez identificados los responsables, estos podrían ser arrestados y sometidos a medidas de coerción, que incluyen:

• Prisión preventiva
• Arresto domiciliario
• Pago de fianza
• Impedimento de salida del país
• Uso de grillete electrónico

Diferencia entre denuncia y delito

El jurista aclaró que no es delito denunciar irregularidades reales, como fraudes bancarios o robos cometidos con tarjetas de crédito o débito, siempre que se realicen por las vías correspondientes, como el Departamento de Protección al Usuario del Sistema Financiero (Prousuario) o mediante denuncias responsables en redes sociales cuando existan pruebas.

“Una cosa es denunciar un fraude real y otra muy distinta es salir a decir que un banco está quebrado y exhortar a los ahorrantes a retirar su dinero. Eso último es un delito de acción pública muy grave”, subrayó.

Consecuencias civiles adicionales

Peralta advirtió además que, independientemente del proceso penal, el Banco de Reservas podría querellarse civilmente, reclamando daños y perjuicios, lo que podría derivar en serias consecuencias sobre el patrimonio de los imputados.

Finalmente, señaló que las modificaciones contempladas en el nuevo Código Procesal Penal no favorecerían a quienes enfrenten este tipo de acusaciones, ya que incluyen disposiciones más estrictas en materia de fianzas y medidas de coerción.

El abogado exhortó a la población a actuar con responsabilidad en el uso de las redes sociales y a no difundir información falsa que pueda generar pánico financiero y consecuencias legales severas.