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Nueva York. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a seis ciudadanos dominicanos, junto a otras nueve personas, por su presunta participación en un esquema de fraude a programas de asistencia social en el estado de Massachusetts, cuyo perjuicio económico supera los 1.4 millones de dólares.
Las autoridades estadounidenses informaron que los acusados enfrentan cargos relacionados con fraude a programas de salud pública, robo de identidad, declaraciones falsas y obtención irregular de beneficios gubernamentales.
Entre los dominicanos señalados figuran Santo Escolástico Cuello, de 56 años, quien enfrenta cargos por robo de identidad agravado y declaraciones falsas vinculadas al programa de salud MassHealth por un monto de 162,180 dólares.
También fueron acusados Mario Báez Romero, de 45 años, por más de 75,000 dólares; Richard Odelis Vallegas Núñez, de 35 años, por 48,865 dólares; Miguel Díaz Matos, de 54 años, por más de 60,000 dólares; Santo Tejada Sánchez, por 4,054 dólares, y Yahaira Díaz Gómez, de 45 años, por 48,694 dólares.
Estadounidenses también fueron acusados
El caso involucra además a varios ciudadanos estadounidenses, entre ellos Heriberto Rodríguez, residente en Framingham, acusado de fraude de pasaporte, robo de identidad y fraude al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), causando pérdidas superiores a los 500,000 dólares.
Asimismo, Mirian Chalas, residente en New Hampshire, enfrenta cargos por fraude a MassHealth, SNAP y al Seguro por Discapacidad del Seguro Social por aproximadamente 300,000 dólares.
La lista incluye además a Jennifer Ferran y Owen Landry, quienes están acusados de fraude al Seguro Social, robo de propiedad gubernamental y falsificación de información.
Investigación incluye supuesto fraude migratorio
Las autoridades también acusaron a Mitul Patel, ciudadano indio de 40 años, por presuntamente participar en una conspiración para obtener visas U mediante la simulación de un robo armado, presentando a varias personas como falsas víctimas.
Además, el expediente menciona a cuatro inmigrantes identificados de manera anónima bajo el nombre de “John Doe”, quienes también estarían involucrados en las investigaciones.
Autoridades advierten sobre el impacto económico
El fiscal general adjunto Colin M. McDonald afirmó que estos casos reflejan un patrón preocupante de explotación de los programas de asistencia social estadounidenses.
Según las autoridades, estas acciones generan importantes costos para los contribuyentes y ejercen presión sobre los sistemas de beneficios públicos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que los inmigrantes acusados enfrentarán el proceso judicial correspondiente y, posteriormente, podrían ser deportados de Estados Unidos.
