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Santo Domingo.– El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fue apoderado para conocer el juicio preliminar contra 14 personas físicas y jurídicas acusadas por el Ministerio Público de integrar una presunta red de corrupción que habría distribuido sobornos superiores a RD$108 millones para obtener y mantener contratos de servicios de seguridad privada en instituciones del Estado.
La asignación del expediente fue realizada mediante sorteo aleatorio computarizado por la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, conforme al procedimiento establecido para la distribución de casos.
Con el expediente ya bajo su conocimiento, el magistrado deberá fijar la fecha de la audiencia preliminar, en la que el Ministerio Público solicitará la apertura a juicio contra los imputados.
Entre los principales acusados figuran Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase); Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi); y Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste, además de otros exfuncionarios y responsables de seguridad de distintas instituciones públicas.
La acusación también incluye a las empresas Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase), El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company S.A. y Magesty Recycling SRL, señaladas de formar parte de la estructura investigada.
Según el expediente presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la red habría distribuido sobornos por un monto de RD$108,080,359.92 a encargados de seguridad institucional para asegurar la continuidad de contratos, agilizar procesos administrativos y evitar controles sobre la ejecución de los servicios.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y abarca hechos ocurridos entre los períodos 2012-2020 y 2020-2025.
Los imputados enfrentan cargos por presuntos delitos de soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, en el marco de la denominada Operación Lobo, desarrollada por el Ministerio Público en julio de 2025 para desarticular la alegada estructura integrada por civiles y militares.
