Fiscalía de Bolivia ordena captura de Evo Morales por presunto terrorismo y otros delitos

La Paz, Bolivia.– La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la captura del expresidente Evo Morales (2006-2019), acusado de presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

La orden fue emitida por el fiscal Brayan Melgar y, según una fuente cercana al exmandatario citada por EFE, está relacionada con su presunta participación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio, que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Bloqueos y consecuencias

Durante siete semanas, organizaciones campesinas del departamento de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), con el respaldo de sectores afines a Morales, mantuvieron bloqueadas diversas carreteras, principalmente en el occidente y centro del país.

Según las autoridades, las manifestaciones provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, dejaron al menos 16 fallecidos —13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los cortes de vías— y ocasionaron pérdidas económicas superiores a US$3,000 millones.

La denuncia fue presentada inicialmente por dirigentes cívicos del departamento de Santa Cruz y posteriormente respaldada por el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

La investigación también incluye al dirigente de la COB, Marco Argollo, y al líder campesino Vicente Salazar, quien permanece en prisión preventiva desde el 6 de julio por otra investigación vinculada a estos hechos.

Morales rechaza las acusaciones

El expresidente Morales ha negado haber promovido la renuncia del presidente Paz y sostiene que las movilizaciones tenían como propósito exigir respuestas del Gobierno a las demandas de los sectores movilizados.

Sin embargo, la Fiscalía tomó en consideración publicaciones realizadas por Morales durante el conflicto, entre ellas un mensaje difundido el 24 de mayo en la red social X, en el que afirmó que el mandatario solo tenía «dos caminos» frente a la crisis: militarizar el país o convocar elecciones en un plazo de 90 días.

Tras alcanzar acuerdos con algunos sectores, entre ellos la COB, el presidente Rodrigo Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción, medida que permitió el despliegue de la Policía y las Fuerzas Armadas para despejar las carreteras y restablecer el tránsito.

Otra orden de captura vigente

Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, considerado su principal bastión político y sindical, donde permanece resguardado por simpatizantes.

Sobre el exmandatario también pesa otra orden de captura relacionada con una investigación por presunta trata agravada de personas, en la que es acusado de haber mantenido una relación con una menor de edad con la que, presuntamente, tuvo una hija en 2016, durante su mandato presidencial.

En mayo, un tribunal del departamento de Tarija lo declaró en rebeldía tras no presentarse al inicio del juicio correspondiente, por lo que emitió una nueva orden de arresto. Según la Policía boliviana, la ejecución de esa medida continúa pendiente.