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Santo Domingo, República Dominicana.– El inversionista estadounidense Lance Lundberg denunció, mediante una carta pública dirigida al presidente Luis Abinader, el bloqueo ilegal de terrenos privados y el desacato reiterado de sentencias judiciales por parte de funcionarios del Estado dominicano, situación que ha frenado la ejecución de un proyecto turístico valorado en más de 400 millones de dólares en Cabarete, Puerto Plata.
Lundberg, empresario con más de tres décadas de experiencia en sectores como energía, tecnología, bienes raíces, salud y medios de comunicación, explicó que en 2006 adquirió una propiedad de 137 mil metros cuadrados frente a Playa Encuentro. Dicho terreno fue objeto de invasión ilegal, resuelta en todas las instancias judiciales, incluyendo un fallo firme de la Suprema Corte de Justicia en 2012 y una ratificación del Tribunal Constitucional en 2020.
El proyecto, diseñado bajo altos estándares ecológicos y enfocado en deportes acuáticos, busca generar miles de empleos y posicionar a Cabarete como un destino internacional de clase mundial. Sin embargo, el inversionista asegura que desde 2021 enfrenta ocupaciones ilegales y obstrucciones por parte de instituciones públicas, incluyendo la destrucción de su verja perimetral con apoyo militar, la colocación de señalizaciones falsas en su propiedad y la negativa de entregar un permiso de construcción aprobado y pagado en abril de 2024.
El Tribunal Superior Administrativo, en decisiones emitidas en noviembre de 2024 y mayo de 2025, ordenó a varias entidades estatales respetar los derechos de propiedad del inversionista, retirar señalizaciones ilegales y abstenerse de ingresar al terreno sin autorización. No obstante, Lundberg afirma que estas sentencias no han sido cumplidas, lo que considera un precedente preocupante para la seguridad jurídica en el país.
“El desacato constante de organismos gubernamentales no solo vulnera el Estado de Derecho, sino que envía una señal negativa a la comunidad inversionista internacional”, advirtió Lundberg, egresado de Harvard Business School y la Universidad de Yale.
Con su carta pública, el empresario busca la intervención directa del presidente Abinader, tras asegurar que agotó gestiones privadas con distintas autoridades y depositó la documentación del caso en el Ministerio de la Presidencia y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
