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El 7 de agosto de 2025, el Gobierno de Estados Unidos anunció un incremento en la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, elevándola a 50 millones de dólares. Asimismo, se estableció una recompensa de 25 millones por Diosdado Cabello, considerado su principal aliado político. La medida se enmarca en el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP), cuyo objetivo es desmantelar redes delictivas transnacionales y llevar a sus cabecillas ante la justicia estadounidense.
Como respuesta, Maduro ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en territorio venezolano. Paralelamente, el 23 de agosto apareció en la frontera colombo-venezolana un cartel confirmando la recompensa. Sin embargo, la valla fue retirada pocas horas después por no contar con los permisos municipales, según informó el secretario de Gobierno de Villa del Rosario.
Las acusaciones contra Maduro incluyen narcoterrorismo, conspiración y envío de cocaína hacia Estados Unidos, además de ser señalado como líder del Cartel de los Soles, organización vinculada al tráfico ilícito de drogas con participación de altos funcionarios civiles y militares. Voceros de Washington, como el secretario de Estado Marco Rubio, han reiterado que el mandatario “debe ser llevado ante la justicia”.
En el marco de esta ofensiva, autoridades estadounidenses han incautado bienes relacionados con Maduro por un valor estimado de 700 millones de dólares, entre los que se cuentan propiedades en Florida, mansiones en República Dominicana, aviones, caballos de competencia, vehículos de lujo, joyas y efectivo. Legisladores estadounidenses han insistido en que no se tolerará la impunidad frente a lo que califican como una “organización narcoterrorista que ha secuestrado a Venezuela”.
