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Santo Domingo. La Fuerza de Tarea Conjunta anunció este lunes 29 de septiembre el inicio de un plan de acción nacional para sacar de circulación armas en manos de civiles que incumplen con la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, en cumplimiento del Decreto No. 212-21, que establece el Plan Nacional de Desarme por la Paz.
La medida, que comenzará en octubre, priorizará las localidades donde el uso de armas de fuego tiene mayor incidencia en homicidios y conflictos sociales.
Como parte del plan, el Ministerio de Interior y Policía dispuso un periodo de gracia especial (octubre-diciembre de 2025) a través de la resolución MIP-RR-0008-2025, que permitirá a los ciudadanos con licencias vencidas renovarlas en condiciones económicas más favorables.
La información fue ofrecida por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, tras la reunión número 109 de seguimiento de la Fuerza de Tarea, encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Raful destacó que la medida busca prevenir el uso indebido, desvío y tráfico de armas de fuego en todo el territorio nacional.
“Estas armas tienen que ser sacadas de nuestras calles y entregadas al Ministerio de Interior y Policía, donde serán fiscalizadas para determinar su trazabilidad y origen”, puntualizó.
De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, en lo que va de 2025 se han recuperado 5,700 armas de fuego, de las cuales 3,958 eran ilegales, 364 tenían licencias vencidas y 1,228 estaban vinculadas a investigaciones judiciales.
En cuanto a la seguridad ciudadana, la tasa acumulada de homicidios al 26 de septiembre de 2025 se sitúa en 8.1 por cada 100 mil habitantes, con la mayoría de las provincias en un solo dígito, aunque Dajabón y Azua mantienen tasas de 10.7 y 10.8, respectivamente.
Finalmente, la ministra recordó que el nuevo Código Penal contempla la creación de un registro de agresores sexuales, bajo responsabilidad del Ministerio Público, lo que refuerza los avances legislativos en materia de seguridad y prevención.
Con este plan, el Gobierno reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el control de armas y la reducción de la violencia en las comunidades más vulnerables.
