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El huracán Melissa dejó graves daños en varias provincias del país, afectando viviendas, carreteras, puentes, redes eléctricas, agua potable y cultivos.
En ese contexto, el Gobierno necesita actuar con rapidez, pero los procedimientos normales de compras y contrataciones públicas suelen ser lentos por los procesos de licitación y controles burocráticos.
Por eso, el decreto de “estado de emergencia nacional” permite:
- Agilizar las compras de materiales, alimentos, medicamentos y equipos.
- Contratar obras de reconstrucción de manera directa, sin licitación previa.
- Desplegar recursos del Estado de forma más rápida para atender a las comunidades afectadas.
En total, 23 instituciones públicas quedaron autorizadas a realizar esas compras y contrataciones de emergencia.
¿En qué puede perjudicar al país?
Aunque la medida es necesaria en una crisis, también implica riesgos si no se maneja con transparencia:
- Riesgo de corrupción o sobreprecio:
Al eliminar las licitaciones, existe la posibilidad de que algunas compras se realicen a precios inflados o sin competencia justa. - Menor control institucional:
El Congreso y la Cámara de Cuentas tienen menos tiempo para auditar los gastos durante una emergencia. - Aumento del gasto público:
El Gobierno puede verse obligado a destinar más recursos de lo previsto, afectando el equilibrio fiscal. - Endeudamiento adicional:
Si los daños son muy grandes, el país podría recurrir a préstamos internacionales para financiar la reconstrucción.
En resumen:
El estado de emergencia declarado por Abinader busca proteger vidas, atender damnificados y reconstruir infraestructuras lo más rápido posible.
Sin embargo, requiere mucha vigilancia ciudadana y control institucional para evitar abusos o irregularidades en el manejo de los fondos públicos.
