Tameka Drummer permanece en prisión desde 2008 cumpliendo una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en el estado de Mississippi, tras ser condenada por posesión de menos de dos onzas de marihuana. Su caso se ha convertido en símbolo de las condenas más severas derivadas de las leyes de reincidencia en Estados Unidos.
La mujer fue detenida en 2006 durante una parada de tránsito por una placa vencida. En el registro del vehículo, las autoridades encontraron una pequeña cantidad de marihuana. Aunque en muchos estados esa cantidad implicaría una multa o una pena menor, en Mississippi se le aplicó la figura de “delincuente habitual”, lo que activó automáticamente la pena máxima debido a dos condenas previas por delitos graves en el estado de Tennessee.
Bajo esa legislación, dos antecedentes por delitos violentos y un tercer delito —aunque no sea violento— pueden derivar en prisión de por vida sin opción a reducción de pena. Así, la posesión de marihuana desencadenó una condena vitalicia.
Debate en medio de cambios legales
El caso ha cobrado mayor notoriedad en un contexto en el que varios estados del país han legalizado o despenalizado el uso recreativo y medicinal de la marihuana. Organizaciones que promueven la reforma del sistema penal sostienen que leyes como la de “habitual offender” amplifican castigos incluso cuando el delito más reciente es menor.
Aunque en 2021 Mississippi aprobó cambios que permiten libertad condicional para ciertos reclusos, quienes fueron sentenciados bajo la ley de reincidencia quedaron excluidos, lo que deja a Drummer sin opciones dentro del nuevo esquema.
Impacto familiar y presión pública
Cuando fue encarcelada tenía 34 años y cuatro hijos, el menor de apenas cuatro años. Sus familiares han denunciado el impacto prolongado de la condena en la estructura familiar y han pedido una segunda oportunidad.
Diversas campañas digitales, incluida una petición en Change.org con cientos de miles de firmas, solicitan al gobernador de Mississippi, Tate Reeves, que considere un indulto o conmutación de la pena. Sin embargo, las autoridades estatales han reiterado que la sentencia se ajustó a la ley vigente en ese momento.
El caso de Tameka Drummer se cita ahora en debates nacionales sobre la proporcionalidad de las penas, las leyes de reincidencia y la necesidad de reformas que eviten que delitos menores deriven en condenas extremas, especialmente en un país donde la política sobre drogas atraviesa un proceso de transformación.
