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SANTO DOMINGO.– La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva contra siete de los ocho imputados que apelaron las medidas de coerción en la segunda fase del caso de presunta corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), denominada SeNaSa 2.0-A. Sin embargo, el tribunal favoreció a una de las procesadas con arresto domiciliario, dispositivo electrónico de vigilancia y garantía económica, tras considerar elementos relacionados con su postura frente a los hechos investigados.
Siete imputados continuarán en prisión preventiva
La decisión fue adoptada por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación, presidida por la magistrada Ysis Muñiz e integrada por los jueces Teófilo Andújar e Ingrid Fernández, que acogió parcialmente los recursos presentados por los procesados.
Los siete imputados que deberán continuar privados de libertad son Ysabel Heredia Vallejo, Wander Manuel Díaz Encarnación, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Angeury Guzmán Vásquez, Juan Henry Poueriet, Laura Altagracia Santana Evangelista y Hanna Rashell Rodríguez Almanzar.
Estos permanecerán en los centros penitenciarios Las Parras y Najayo-Mujeres, según corresponda.
Una imputada recibe arresto domiciliario
En cambio, los jueces modificaron la medida de coerción de Elsa Evelyn De la Rosa Vásquez, a quien le impusieron arresto domiciliario, vigilancia mediante dispositivo electrónico y el pago de una garantía económica.
El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, explicó que el tribunal tomó en consideración el cambio de postura de la imputada, quien habría admitido los hechos que se le atribuyen, a diferencia de lo sostenido anteriormente.
La representación del Ministerio Público estuvo encabezada también por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a los fiscales Yudelka Holguín y Alexis Piña Echavarría, y el procurador de Corte José Manuel Aguiló.
Otros procesados tienen medidas de coerción distintas
Los imputados acudieron ante la jurisdicción de alzada para procurar la revocación de las medidas impuestas inicialmente por el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena.
Sus recursos fueron presentados por distintos representantes legales, entre ellos Bernardo Santiago, Harol Alberto Echavarría Gómez, Rafael Segundo Ortega Grullón y Omar Chapman.
En el expediente también figuran otros procesados que recibieron medidas menos restrictivas, como arresto domiciliario, presentación periódica, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Entre las personas mencionadas en esta categoría se encuentran Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo, entre otros.
Asimismo, varios imputados recibieron garantías económicas de entre uno y tres millones de pesos, mediante compañías aseguradoras, además de otras restricciones judiciales.
¿De qué trata la investigación SeNaSa 2.0-A?
El caso SeNaSa 2.0-A corresponde a una segunda fase de las investigaciones del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades y actos de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud.
De acuerdo con las investigaciones, las autoridades procuran desmantelar una supuesta estructura que habría defraudado recursos públicos mediante la facturación y el cobro de servicios médicos no realizados, la suplantación de identidades de afiliados y la vulneración de las bases de datos de la aseguradora estatal.
La investigación tuvo como punto de partida una denuncia presentada por la propia institución el 28 de noviembre de 2024, durante la gestión de Santiago Hazim, luego de detectarse irregularidades en las autorizaciones de servicios médicos.
El Ministerio Público busca establecer la responsabilidad individual de cada involucrado y determinar el monto de los recursos públicos que presuntamente habrían sido afectados por las operaciones investigadas.
El proceso judicial continúa mientras las autoridades procuran esclarecer el alcance de las supuestas irregularidades en una institución fundamental para la prestación de servicios de salud a millones de dominicanos.
Portada Nacional | Redacción
Santo Domingo, República Dominicana.
