Comunicado Oficial de la Junta Central Electoral: Aclaración sobre el Rol de la Policía Militar Electoral

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La Junta Central Electoral desea informar a los partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos, así como a la ciudadanía en general, sobre las recientes informaciones que circulan en algunos medios de comunicación. Estas informaciones sugieren que se ha llegado a un consenso respecto al rol de la Policía Militar Electoral en las próximas elecciones del 19 de mayo de 2024. La Junta Central Electoral niega categóricamente tales afirmaciones y aclara que no ha alcanzado ningún acuerdo con las organizaciones políticas sobre este tema.

Es importante destacar que, según lo establecido en la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Régimen Electoral, la Policía Militar Electoral está bajo el mando y dirección exclusiva del Pleno de la Junta Central Electoral durante las elecciones. Esta prerrogativa es indelegable y no está sujeta a ningún tipo de consenso externo.

En este sentido, mediante la Resolución No. 30-2024 del 10 de abril de 2024, la Junta Central Electoral aprobó la creación de la posición de coordinador/a de recintos electorales y habilitó la figura del delegado de recinto electoral para las elecciones generales de 2024. Sin embargo, reiteramos que la dirección y mando de la Policía Militar Electoral seguirá a cargo exclusivamente del Pleno de la Junta Central Electoral, como se establece claramente en la mencionada resolución.

La Junta Central Electoral desea enfatizar que no ha emitido ninguna publicación oficial a través de sus canales institucionales que respalde la información errónea mencionada anteriormente. Instamos a la ciudadanía y a los actores políticos a confiar únicamente en la información oficial proporcionada por la Junta Central Electoral a través de sus canales y medios de difusión institucionales.

Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la legalidad y el adecuado desarrollo del proceso electoral, y aseguramos que todas nuestras acciones y decisiones se toman con estricto criterio institucional y en cumplimiento del marco jurídico vigente.

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