Nota de Prensa:
La familia del fallecido doctor Cristóbal Payano, protagonista del famoso asalto al Banco del Progreso en 1993, ha presentado una nueva demanda contra los productores de la película «Asalto en Progreso». En esta ocasión, la viuda, hijas y hermano de Payano han solicitado sorpresivamente una indemnización de 15 millones de pesos, generando un giro inesperado en el caso.
La demanda, presentada ante los tribunales pertinentes, alega que la película «Asalto en Progreso» ha causado daño moral y perjuicio a la reputación de la familia Payano. Según los demandantes, la película presenta una representación difamatoria y perjudicial de Cristóbal Payano y su participación en el asalto al Banco del Progreso, lo que ha afectado negativamente la imagen y el honor de la familia.
Esta nueva demanda sorprende debido a que, anteriormente, la familia de Cristóbal Payano había expresado su descontento con la película, pero no había tomado acciones legales en su contra. La solicitud de una indemnización de 15 millones de pesos representa un cambio significativo en la estrategia legal de la familia y añade un elemento de tensión y controversia al caso.
Por su parte, los productores de «Asalto en Progreso» han manifestado su sorpresa ante esta nueva demanda y han reiterado que la película está basada en hechos reales y en información de dominio público sobre el caso del asalto al Banco del Progreso. Han asegurado que no tenían intención de difamar a la familia Payano y que están dispuestos a defenderse en los tribunales.
La demanda de indemnización de 15 millones de pesos plantea un desafío legal y ético para ambas partes en el caso. Se espera que los tribunales analicen detenidamente las argumentaciones presentadas por ambas partes y emitan un fallo justo y equitativo que resuelva esta controversia de manera adecuada.
Mientras tanto, la familia Payano y los productores de «Asalto en Progreso» se preparan para un proceso legal que podría tener importantes repercusiones en el ámbito jurídico y en la industria cinematográfica del país. La resolución de este caso será seguida de cerca por la opinión pública y por la comunidad legal y cinematográfica.
