Por Lic. César Amadeo Peralta Abogado
Santo Domingo, República Dominicana – Con la aprobación del nuevo Código Penal, se pondrá fin a la práctica cotidiana de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional (Dicrim) y otros miembros de la uniformada, quienes detenían vehículos sin justificación en lugares aislados. Esta acción, que frecuentemente derivaba en abusos y revisiones vehiculares sin garantías procesales, será sancionada según las nuevas disposiciones del Código.
Principales Cambios y Nuevas Disposiciones
Prohibición de Revisiones Injustificadas:
Artículo 295: Revisión injustificada de vehículos de motor
- Cualquier agente policial, militar o funcionario que revise un vehículo sin orden judicial o causa probable será sancionado con multas de una a tres veces su salario. Este artículo refuerza las garantías constitucionales, prácticamente eliminando los retenes ilegales al requerir una orden judicial para detener y revisar vehículos.
Derecho a Grabar Arrestos:
Artículo 294: Violación al derecho de grabar el arresto
- Se sancionará con 15 días a 1 año de prisión y multa de una a dos veces su salario a cualquier agente que impida a un ciudadano grabar un arresto, registro o allanamiento. Esto asegura que todas las acciones policiales puedan ser registradas por los ciudadanos, protegiendo sus derechos.
Obligatoriedad de Permitir una Llamada:
Artículo 293: Violación del derecho de llamada
- Cualquier agente o funcionario que niegue a un detenido el derecho a una llamada telefónica será sancionado con 1 a 2 años de prisión y una multa de tres veces su salario. Este derecho permite a los detenidos informar a un familiar, abogado o persona de confianza sobre su detención, garantizando una comunicación esencial.
Participación Ciudadana
Es fundamental que la ciudadanía se informe y participe en la revisión del proyecto de Código Penal antes de su aprobación definitiva. Este artículo busca orientar y concientizar sobre las nuevas disposiciones y su impacto en la protección de los derechos de los ciudadanos.
Conclusión
La implementación de estas medidas representa un avance significativo en la protección de los derechos civiles y en la erradicación de prácticas abusivas por parte de las fuerzas del orden. La ciudadanía debe mantenerse informada y participar activamente en el proceso legislativo para asegurar que sus derechos sean debidamente protegidos.
