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Ministerio Público logra acuerdo histórico homologado por tribunal contra entramado de corrupción vinculado al sector eléctrico
Santo Domingo.– El Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo en el marco de la Operación Antipulpo, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo fue presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y aprobado por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Indemnización y disolución de empresas
Como parte de la resolución, Montilla deberá:
- Pagar RD$600 millones en indemnización a EdeEste, EdeSur y EdeNorte, por los daños provocados.
- Disolver 11 empresas utilizadas como vehículos societarios en procesos fraudulentos, en un plazo de dos años.
- Pagar a la DGII RD$431.8 millones en deudas tributarias.
- Autorizar el decomiso de un terreno en Naco valorado en más de RD$50 millones.
Entre las compañías que serán disueltas figuran: Transformadores Solomon Dominicana, Electrocable Aluconsa, NSD Importaciones Diversas, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, Distribuidora Henan Jinshui, Importadora Eaglerise, TLC Negocios Globales, Watmax Lighting, Herrajes Eléctricos RPC y MG Solomon Corporation.
PEPCA: un golpe contra la corrupción administrativa
El titular de Persecución, Wilson Camacho, y la procuradora adjunta Mirna Ortiz, valoraron la decisión y la calificaron como un paso firme en la lucha contra la corrupción y la impunidad, liderada por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
“El acuerdo representa un avance histórico en el proceso de recuperar lo robado al Estado y garantizar que los responsables enfrenten consecuencias jurídicas y patrimoniales”, afirmó Camacho.
Corrupción en el sector eléctrico
El documento judicial establece que Montilla utilizó sus empresas para monopolizar procesos de contratación pública, obtener adjudicaciones ilícitas y manipular plazos de entrega, generando pérdidas millonarias al Estado.
El Ministerio Público señaló que hubo pago de sobornos a funcionarios para agilizar contratos y desembolsos, lo que incrementó las deficiencias en las empresas distribuidoras de electricidad.
Criterio de oportunidad en un caso complejo
El acuerdo se sustentó en el criterio de oportunidad contemplado en el artículo 370 del Código Procesal Penal, aplicable en casos complejos cuando el imputado colabora eficazmente con la investigación y aporta información relevante.
Según el Ministerio Público, Montilla y su entorno familiar aprovecharon su cercanía con el poder político para obtener ventajas en licitaciones estratégicas, especialmente en el área energética.
Representación legal
El empresario estuvo representado por los abogados Miguel E. Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo, mientras que las distribuidoras de electricidad fueron representadas por Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUE).
👉 Este acuerdo convierte a Maxy Montilla en uno de los primeros grandes empresarios del caso Operación Antipulpoen reconocer su responsabilidad y aceptar un decomiso multimillonario que refuerza los esfuerzos del Ministerio Público contra la corrupción administrativa.
