Santo Domingo, República Dominicana. – El Ministerio Público de la República Dominicana solicitó al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictar auto de apertura a juicio contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Hugo Beras; el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez y propietario de la empresa Aurix; y otros implicados en el denominado caso Camaleón, relacionado con presuntos actos de corrupción administrativa.
La solicitud fue presentada por la titular de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, durante la audiencia celebrada ante la jueza Yanibet Rivas, a quien pidió enviar el proceso a juicio de fondo para que los acusados respondan por los hechos que se les imputan.
Ortiz afirmó que el Ministerio Público cuenta con pruebas contundentes y obtenidas conforme a la ley, suficientes para que el proceso avance a la siguiente etapa judicial. Asimismo, solicitó al tribunal mantener las medidas de coerción impuestas a los imputados con el fin de garantizar su presencia durante el desarrollo del proceso.
La magistrada también pidió imponer impedimento de salida del país contra los imputados Mariano Gustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez, en virtud de las disposiciones del Código Procesal Penal, al advertir que existe riesgo de fuga ante la gravedad de las acusaciones.
“Solicitamos que sean acreditados todos y cada uno de los elementos de prueba presentados en nuestro escrito de acusación, por haber sido obtenidos en cumplimiento estricto de la normativa legal”, expresó Ortiz durante la lectura de la acusación formal.
Además de Hugo Beras y José Ángel Gómez Canaán, en el expediente figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero; así como Carlos José Peguero Vargas y Henry Darío Féliz Casso.
También están incluidas en el proceso varias personas jurídicas, entre ellas Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L..
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, las presuntas irregularidades se habrían ejecutado principalmente a través del Intrant y del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, mediante contratos y convenios considerados irregulares con empresas privadas que habrían obtenido acceso privilegiado a fondos públicos para operaciones vinculadas al lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y legalidad administrativa.
La acusación señala que el eje central del supuesto entramado sería José Ángel Gómez Canaán, quien presuntamente mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con varias de las empresas investigadas, las cuales habrían conformado una red dedicada a estafa contra el Estado, lavado de activos y sabotaje tecnológico, con el objetivo de controlar infraestructuras críticas y recursos estratégicos del país.
El tribunal deberá decidir en las próximas audiencias si acoge la solicitud del Ministerio Público y envía el caso a juicio de fondo.
