Santo Domingo.– El Ministerio Público de la República Dominicana arrestó la noche del viernes 24 de abril a Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien le solicita 18 meses de prisión preventiva por su presunta vinculación a una red de corrupción que habría sustraído millones de pesos del Estado a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Investigación por fraude millonario
El imputado, quien laboró como auxiliar en el Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa entre marzo de 2021 y noviembre de 2022, está acusado de participar en un esquema de autorizaciones irregulares de procedimientos médicos y consultas.
Las autoridades indican que Guzmán Vásquez intentó salir del país con destino a Boston, Estados Unidos, sin boleto de retorno, lo que encendió las alertas en medio del proceso investigativo.
La investigación es encabezada por la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), en coordinación con la Dirección General de Persecución.
Operación Cobra destapa el esquema
De acuerdo con el expediente, como parte de la Operación Cobra se han identificado al menos 4,363 autorizaciones fraudulentas para cirugías ambulatorias y consultas especializadas, entre enero de 2021 y febrero de 2025.
El monto estimado del fraude asciende a más de RD$41 millones.
Riesgo de obstaculización
La solicitud de medida de coerción fue presentada por la procuradora de corte Mirna Ortiz junto a un equipo de fiscales, quienes alegan que el imputado podría destruir o manipular pruebas relevantes para el proceso.
El Ministerio Público también solicitó que el caso sea declarado complejo, debido a la magnitud del entramado y la cantidad de implicados.
Red con varios procesados
Por este caso ya guarda prisión preventiva Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, señalado como cabecilla de la red, junto a otros imputados que cumplen medidas similares.
Mientras tanto, otros acusados enfrentan arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Delitos imputados
El expediente incluye violaciones al Código Penal, la Constitución, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Las autoridades continúan profundizando las investigaciones para determinar el alcance total de la presunta red de corrupción que operaba en el sistema de salud pública.
