Rolando Espinal cuestiona trato diferenciado en casos de presunta corrupción
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SANTO DOMINGO, RD.– El creador de contenido y analista Rolando Espinal puso bajo escrutinio el tratamiento que reciben distintos procesos por presunta corrupción en República Dominicana, así como los criterios utilizados por el Ministerio Público para combinar la persecución penal con la recuperación de recursos públicos.
En un análisis publicado en exclusiva para Foco Público, Espinal toma como referencia el caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez y el expediente Medusa, investigación iniciada en 2021 que incluye señalamientos sobre presuntos pagos irregulares relacionados con la construcción de la cárcel de La Nueva Victoria, por montos que superarían los US$1.9 millones.
Según la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el expediente contempla presuntos delitos como asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos y lavado de activos.
El expediente también recoge operaciones vinculadas con trabajos de movimiento de tierra, empresas y empresarios señalados, así como presuntas comisiones relacionadas con el suministro de materiales. No obstante, corresponde a los tribunales determinar las responsabilidades individuales sobre la base de las pruebas y con respeto al debido proceso.
Espinal contrasta estos señalamientos con otros acuerdos suscritos por el Ministerio Público, entre ellos el alcanzado con Lisandro Macarrulla Martínez, que contempló la devolución de más de RD$144 millones al Estado y una condena de tres años de reclusión bajo modalidad suspendida.
A partir de estos casos, el analista plantea un debate sobre el uso de acuerdos judiciales como mecanismo para avanzar simultáneamente en la persecución penal y la recuperación del patrimonio público, particularmente en investigaciones de alto impacto.
Para Espinal, la lucha contra la corrupción requiere criterios transparentes, coherentes y consistentes, de manera que las decisiones de las autoridades contribuyan a preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
La reflexión trasciende el expediente Medusa y plantea una interrogante sobre la aplicación de la justicia en casos donde los involucrados pertenecen a distintos sectores de poder: ¿se aplica el mismo rigor a todos?
Según el análisis, la respuesta debe estar sustentada en tres principios fundamentales: igualdad ante la ley, transparencia y respeto al debido proceso.
