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Santo Domingo, RD. – La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó este lunes que se han llevado a cabo allanamientos en el marco de la “Operación Lobo”, tras denuncias presentadas por la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, doctora Milagros Ortiz Bosch, relacionadas con supuestos actos de corrupción administrativa y presuntas irregularidades en instituciones públicas.
Ortiz Bosch había remitido a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) diversos expedientes documentados desde su dependencia, sustentados en investigaciones internas sobre contrataciones públicas, uso de recursos del Estado y procesos administrativos presuntamente irregulares.
Denuncias que llegaron a la PEPCA
Aunque no se revelaron públicamente los detalles de los casos en ese momento, Ortiz Bosch confirmó que su rol fue documentar, entregar y permitir al Ministerio Público actuar conforme a su autonomía.
“No podemos juzgar ni acusar, pero sí documentar con rigor técnico. Confiamos en el Ministerio Público y su responsabilidad constitucional”, había declarado en una entrevista reciente.
Avanza la “Operación Lobo”: allanamientos en curso
Este lunes, fuentes de la Procuraduría confirmaron que dentro del marco de la llamada “Operación Lobo”, se han ejecutado allanamientos múltiples, incluyendo oficinas y residencias de funcionarios en funciones y exfuncionarios, cuyos nombres aún no han sido revelados por el Ministerio Público.
“Estamos trabajando con el debido proceso y con evidencia concreta. Las denuncias se toman en serio y se procesan con rigor técnico y jurídico”, afirmó una fuente vinculada al caso.
¿Fallas anteriores? Señalamientos al Ministerio Público
Sin embargo, hay sectores que han cuestionado la velocidad y el manejo procesal de ciertos expedientes. Algunos recuerdan que el propio Ministerio Público ha enfrentado fallos en el Tribunal Constitucional por supuestas violaciones al debido proceso en casos anteriores.
Críticos afirman que la estrategia de presentar expedientes «incompletos» o bajo presión mediática ha debilitado procesos importantes. Por eso, el manejo reservado de esta nueva operación es interpretado por otros como un signo de mayor cautela y precisión jurídica.
Ortiz Bosch: ética como acción, no como discurso
La actitud de Milagros Ortiz Bosch en este proceso ha sido descrita como institucionalista y prudente. Entregó los documentos al órgano competente y evitó declaraciones alarmistas o acusatorias. Esta postura ha sido valorada por analistas como un modelo de cómo debe funcionar un sistema democrático donde la ética pública y la justicia operan sin interferencias políticas.
¿Qué sigue?
Se espera que en los próximos días la Procuraduría revele más detalles sobre los implicados y las imputaciones formales que surjan de esta operación. Fuentes extraoficiales indican que los allanamientos forman parte de una fase inicial, en la que se recopilan evidencias para sustentar medidas de coerción o posibles arrestos.
Desde el Ministerio Público se insiste en que el proceso no será apresurado, pero sí se actuará con “mano firme” cuando existan elementos suficientes.
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Conclusión:
El país sigue atento. En medio del actual ciclo de lucha contra la corrupción, las instituciones como la Dirección de Ética, la PEPCA y la Procuraduría tienen la responsabilidad de garantizar justicia con apego al debido proceso, sin ceder a presiones políticas o mediáticas.
Desde Portada Nacional, reiteramos nuestro compromiso con la información veraz, el seguimiento institucional y el respeto por el Estado de derecho.
