¡Transparencia y Legalidad en las Contrataciones Públicas es Fundamental para el Progreso!

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Recientemente, se ha revelado que las autoridades del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) otorgaron y pagaron un contrato irregular por la suma de RD$11.3 millones a una entidad proveedora de almuerzos tipo bufé. Sin embargo, lo más preocupante es que, según un informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CRD), el contrato se considera violatorio de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.

La irregularidad radica en que, a pesar de que el contrato especifica que el proveedor debe contar con personal calificado para la preparación y servicio de alimentos, el trabajo fue realizado por empleados de la institución oficial. Esto va en contra de los principios fundamentales de transparencia y legalidad que deben regir las contrataciones públicas.

La entidad proveedora, La Mina del Sabor, SRL, firmó un convenio por una considerable suma de dinero para elaborar y suministrar almuerzos a los empleados del CEA. Sin embargo, dicho contrato se utilizó de manera irregular al emplear trabajadores de la propia institución para la preparación y servicio de los alimentos.

Es alentador que la administración del CEA haya reconocido la situación y haya solicitado al proveedor la inclusión de los empleados en sus nóminas. Sin embargo, es crucial destacar que este tipo de prácticas deben erradicarse por completo. La ley 340-06 establece claramente los requisitos que deben cumplir los proveedores, y cualquier desviación de estos principios representa un riesgo para los recursos del estado.

En aras de un gobierno transparente y eficiente, es imperativo que los procedimientos de adquisición se realicen de acuerdo con la normativa establecida. No puede haber espacio para favoritismos ni para contratos que no cumplan con los requisitos esenciales.

Exhortamos a las autoridades responsables a que tomen medidas correctivas inmediatas y refuercen los controles internos para garantizar que las contrataciones públicas se realicen de manera ética y legal. Solo así podremos avanzar hacia un sistema más justo, transparente y al servicio del progreso de la sociedad.

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