Santo Domingo, 8 de noviembre de 2023 – El diputado puertoplateño, Ramón Alberto Dorrejo, ha lanzado una advertencia crítica sobre las amenazas vertidas por el dueño de la empresa Transcor Latan, S.R.L., de desconectar el sistema de semáforos del gran Santo Domingo a partir del jueves 9 de noviembre de 2023. Esta acción, que puede parecer un acto de sabotaje menor, está considerada en la Ley 267-08 como un acto terrorista con serias consecuencias para sus directivos y quienes lo promuevan.
El diputado resalta que las autoridades no deben subestimar el alcance de esta ley, que puede aplicarse en situaciones de apagones financieros intencionados para forzar al Estado a pagar o causar problemas sociales y huelgas en el país. La Ley de Terrorismo de la República Dominicana es clara y condena actos como el ataque a sistemas informáticos, el terrorismo, el reclutamiento y apoyo a actividades terroristas, la incitación al terrorismo y la tentativa de crímenes terroristas.
Según la ley, aquellos que promuevan o lleven a cabo actos de terrorismo pueden enfrentar penas de hasta 20 años de prisión, y sus actividades comerciales en el país pueden ser clausuradas. Además, podrían ser considerados como grupos terroristas que promueven el chantaje para lograr beneficios económicos de manera ilegal.
El diputado enfatiza que el sistema de semáforos nacionales está protegido y definido en la ley, y cualquier intento de sabotaje a este sistema es ilegal y peligroso. Las autoridades deben tomar medidas firmes para prevenir cualquier intento de desconexión y garantizar la seguridad y el orden en las calles.
En un momento en que la seguridad y la estabilidad son vitales, es imperativo que se haga cumplir la ley y se evite cualquier acto que amenace la paz y el bienestar de la sociedad dominicana. La advertencia del diputado Dorrejo es una llamada urgente a la acción para proteger la integridad de la nación y mantener la armonía en el país. La aplicación de la Ley de Terrorismo es esencial para prevenir actos que pongan en peligro la vida y la seguridad de los ciudadanos.
